La primera vez que el país supo de Lorent Enrique Gómez Saleh fue en plena campaña legislativa, cuando emboscó al entonces candidato Antonio Navarro Wolf en una cafetería de Cúcuta y lo increpó sobre, según él, la débil postura de gran parte de los políticos colombianos frente a la represión del régimen venezolano a los estudiantes que disienten de las políticas del gobierno de Nicolás Maduro.
Las imágenes del encuentro, cuyo video se volvió viral, fueron obtenidas delicadamente por un teléfono celular, en un episodio calculado para hacer quedar mal a Navarro Wolf.
Aunque según migración solo tenía permiso para hacer turismo en Colombia, Saleh se dedicaba a hacer política en nuestro país y se identificaba como un militante de derecha. Aparecía en reuniones del Centro Democrático e incluso quedaba registrado en fotografías y videos que mostraban su cercanía con María Fernanda Cabal.
Saleh era un antichavista recalcitrante que había encontrado en Colombia un lugar para seguir criticando desde su cuenta de Twitter al Socialismo del Siglo XXI. Algo que lo había hecho visible al régimen de Nicolás Maduro, que ya le tenía el ojo puesto e incluso tenía procesos en su contra. Su filiación política era clara, amaba a Álvaro Uribe y odiaba a Nicolás Maduro.
Pero su libertad política, equivocada o no, se acabó la semana pasada cuando fue detenido por la autoridad migratoria de Colombia y entregado a Venezuela. Su detención fue inmediatamente celebrada por el líder chavista Tarek El Aissami, ahora gobernador del Estado de Aragua, quien manifestó: “Saleh está bien… pero bien preso por fascista”.
Y es por reacciones como esta que su detención genera dudas. Mientras no se amplíen los argumentos mencionados a manera de titular en el escueto comunicado de migración Colombia donde se indican las razones de su expulsión, no quedará más que suponer que se trató de un nuevo caso de presión del gobierno venezolano respondido diligentemente por las autoridades colombianas.
Si esto es cierto, se trata del segundo caso en menos de dos meses en que las instituciones de nuestro país ceden sin mayores cuestionamientos a las exigencias del vecino. El primero fue el cierre nocturno de la frontera que afecta a miles de colombianos que viven en esa zona y que dependen del intercambio constante de bienes y servicios. La severa restricción, tal y como la misma Cancillería admitió, se hizo de manera unilateral a pesar de que en el momento de su anuncio dijeron que se trataba de una medida producto del consenso.
Así las cosas, queda la duda de si la política exterior de Colombia con Venezuela se ha convertido en una de sumisión multitemática mientras avanza el proceso de paz con las Farc, en el que ciertamente el gobierno de Nicolás Maduro tiene una amplia injerencia con la guerrilla.
Si es así, se trata de una fuerte apuesta que confirmaría que Colombia mantiene una política complaciente y conveniente con un vecino intolerante que no soporta las críticas de un joven confundido en busca de notoriedad, que incluso se deja ver en reuniones de grupos nazis para no sentirse solo.
Luis Carlos Vélez *