Según lo que me contó el propio Ariel Josué Ramírez, esta mañana de lunes hará lo mismo que ha venido haciendo la mayor parte de sus 42 años de vida.
Horas antes de que salga el sol, se tomará un café y saldrá a trabajar la madera en su taller. Nada que ver con lavado de activos, delito por el cual lo iban a extraditar a Estados Unidos.
Su caso no deja de sorprender. No solamente porque este humilde campesino de San Vicente del Caguán a duras penas sabe leer y estaba siendo acusado de haber realizado giros a EE.UU. por un monto cercano a un millón de dólares, sino también por la cadena de aprobaciones que recibió su traslado.
Algo debe estar pasando en nuestro sistema de aprobación de extradiciones en Colombia, pues el caso de Ariel recibió hasta la firma presidencial sin que alguien en la cadena de la justicia y política exterior nacional se hubiera detenido antes a comprobar algunos de los argumentos que llegaron desde una corte de la Florida solicitando su extradición.
No es posible que el destino de los colombianos solicitados en extradición por algún país sea simplemente un proceso de verificación de forma y no de fondo. Tal como están las cosas en nuestro país, ninguna de las entidades que plasman sus firmas para aprobar la salida de uno de nuestros nacionales con destino a una prisión en el extranjero está obligada a revisar el caso desde la perspectiva judicial y el requerimiento es simplemente que se cumpla con el papeleo.
En el caso específico de la extradición hacia EE.UU., no hay un acuerdo entre las dos naciones y por lo tanto el procedimiento se rige bajo el Código de Procedimiento Penal colombiano, lo que no da pie a que se haga un análisis adicional de los cargos para corroborar si lo que se asegura desde el extranjero es real. Es decir, si en el exterior acusan a un colombiano de un delito y lo encuentran culpable, acá no se revisa el caso para ver si la contraparte tiene razón.
Ramírez volvió a la libertad la semana pasada, gracias a que los medios registraron con intensidad su historia, lo cual obligó a que, según el ministro de Justicia, Yesid Reyes, desde Colombia se enviara una solicitud a los fiscales estadounidenses para que revisaran el caso. Pero la realidad es que si no se hubiera expuesto desde la prensa esta situación, el carpintero estaría en una cárcel de la Florida por un delito que no cometió. Por eso una mención especial a Duber Gaviria, corresponsal de Noticias Caracol en San Vicente, quien es vecino de Ramírez y no descansó hasta que la historia tuvo la atención nacional que merecía.
Aunque Ramírez me confesó que considera que el daño que se les hizo a él y a sus hijas es mucho, abogados penalistas consultados por Noticias Caracol en Estados Unidos aseguran que no recibirá un solo dólar como indemnización ya que el sistema estadounidense considera que si la Fiscalía comete un error, es precisamente eso, un error del cual no se presume mala intención.
El caso de Ramírez no es una excepción, por lo tanto es determinante revisar nuestros procedimientos de extradición, tan generosos y expeditos, sobre todo cuando la justicia de nuestro país se la pasa pidiendo que le entreguen a personas que considera culpables de delitos en Colombia y nadie desde el exterior hace caso. Tan evidente será nuestra extradición unidireccional que ya es moda en Colombia viajar a otros países para escabullirse de nuestra justicia.