La semana pasada pasará a la historia de nuestro país como una de las peores en términos de construcción de sociedad. Aunque en principio lejanos, los episodios de Nicolás Gaviria y Jorge Pretelt tienen un fuerte vínculo: ambos son la demostración de que en Colombia se espera que la justicia no acoja a los poderosos.
Empecemos con el mitómano señor Gaviria, que tan sólo por la notoriedad de su apellido, que muy remotamente lo vincula con el expresidente, quiso en varias oportunidades pasarse por la faja a las autoridades. Las escenas de este alicorado y pendenciero joven muestran que el problema es mucho más grande que el hecho de que los ricos y poderosos crean que las leyes no son para ellos, sino que las autoridades también. En los videos que han sido revelados por los medios y que circulan viralmente en las redes sociales se ve cómo la policía actúa con precaución y casi reverencia. La prevención de la Fuerza Pública fue tal que hasta ahora no hay respuesta de cómo el señor Gaviria no ha pasado un sólo día retenido por las autoridades a pesar de sus violentas acciones contra los uniformados.
Este último elemento es incluso más cuestionable que el propio actuar de Gaviria, ya que demuestra que la justicia sólo se aplica a quienes no tienen cómo enfrentarla, lo que se define claramente como impunidad y despotismo.
En la misma ruta nos encontramos con el caso del expresidente de la Corte Constitucional. A Jorge Pretelt se le acusa de exigir un soborno para meterle la mano a una tutela que beneficiaba a la empresa Fidupetrol. No se trata de un señalamiento menor, ya que alcanza a una de las figuras de mayor nivel de la justicia de nuestro país. Aunque este episodio no tenga una conclusión en este momento, tan sólo el hecho de que existan señalamientos a miembros de uno de los pilares del Estado habla muy mal del establecimiento.
Lo protagonizado esta semana por Gaviria y Pretelt demuestra la existencia de un problema endémico incrustado en el corazón de nuestra sociedad, que explica por qué en nuestra nación pocos quieren jugar bajo la norma. En Colombia, aquellos de los que se espera venga el ejemplo se comportan de manera similar a la de los delincuentes y mafiosos.
¿Tenemos un país de castas? ¿De rangos sociales? Ciertamente tenemos un grupete de intocables que hacen lo que les da la gana.
Esto también nos lleva al proceso de paz. La guerrilla considera que tiene un estatus especial que la aleja de los estrados judiciales y que, por lo tanto, no tiene que responderle a nadie por sus acciones. Si bien el Gobierno y las Farc están avanzando en un diálogo necesario, no se puede esperar mucho en términos de construcción de sociedad porque nuestros valores y expectativas colectivas no corresponden a los de una nación igualitaria y humana. (Obviamente, no estoy hablando de la Bogotá Humana).
Así las cosas, no se puede esperar que Colombia camine en la dirección correcta. Lograr que los poderosos empujen para que las leyes también los acojan y las normas se les apliquen es un ejercicio de reflexión, humildad, y consideración que difícilmente se dará en un país que actualmente deja tanto que desear.