Con los niveles de corrupción que tenemos la prueba del polígrafo debe ser obligatoria.
Mientras tanto, existen sobradas razones para que alcaldes y gobernadores, incluidos quienes resulten elegidos en octubre, la presenten. Es una deuda moral .
Aunque la Ley presume la buena fe de las personas y exista una discusión sobre la eficacia al 100 % de pruebas como esta o el análisis de retina, son, hoy por hoy, una herramienta de gran utilidad. Por eso su realización a 50 funcionarios parece un buen comienzo, en una época en la que las hojas de vida son remplazadas por prontuarios en las postulaciones a cargos de elección popular y funcionarios.
La degeneración de la política en Colombia ha llegado a extremos como la creación de verdaderas empresas criminales para proceder a la captura de los presupuestos de Alcaldías y Gobernaciones. Más de 1.000 alcaldes y 30 gobernadores han sido sancionados o destituidos. Lo ocurrido este año en Florencia, un record mundial con la detención de su alcaldesa y 11 concejales, pero también en Bogotá, luego del destape del carrusel; en Cundinamarca, con su gobernador en la puerta de la cárcel, o el caso del exgobernador de la Guajira, “Kiko” Gómez, y muchos otros, hacen pensar que se aproxima más a una regla que a una excepción esta asociación perversa entre contratistas y políticos corruptos.
La magnitud de la corrupción es ya insoportable, pero todos los estudios confirman una tendencia ascendente: uno de la Sociedad Colombiana de Economistas calculó, de acuerdo a una publicación de 2011, que en el período 1991- 2010 se perdieron 189 billones de pesos; más recientemente, una encuesta realizada a empresarios por la ONG Transparencia por Colombia y el Externado, reveló que el 91 % de ellos confirma la existencia de sobornos y que su valor medio es del 17.3 % del monto contratado. Si el presupuesto es de 215.9 billones, no es difícil hacer el cálculo de lo que se roban, sin incluir desidia, mala gestión, etc.
El Barómetro de las Américas 2014, un estudio amplio liderado por la Universidad de Vanderbildt, señala que nuestra percepción de corrupción es del 79.6 %, la más alta en América después de Venezuela, cifra que explica, entre otras cosas, el desinterés en la política y los asuntos públicos. Reconocemos la corrupción, pero no hacemos nada.
Para tener una idea de lo que estas cifras significan, conviene recordar que, debido a la caída en los precios del petróleo, hemos recortado el presupuesto y la DIAN deberá esforzarse y conseguir, cuando menos, 4 billones adicionales. Se viene una reforma tributaria y un aumento del IVA, en un escenario en que lo peor que el Gobierno puede hacer es recortar el presupuesto por sus efectos en la economía y el empleo. Pero, ¿y la corrupción? ¿Se van a seguir robando la plata y todos tan tranquilos y los ladrones tan orondos?
Por eso la aplicación del polígrafo a 50 funcionarios es una medida deseable pero no suficiente. Necesitamos más dientes, una estrategia integral contra la corrupción con resultados expeditos. En el entretanto, desde esta modesta columna, pedimos al Gobierno Nacional y al Defensor del Pueblo facilitar las condiciones para que, de manera voluntaria y como ejemplo, alcaldes y gobernadores en ejercicio y quienes resulten elegidos, den una muestra de buena fe sometiéndose a la prueba del polígrafo. No tienen argumentos para negarse. Dadas las circunstancias, y los impuestos que se vienen, es lo menos que se puede pedir, en un país en que el 79.6 % “sabe” que se roban los recursos públicos.