El asunto en el fondo del escándalo en la Corte Constitucional no es la influencia de la política en la rama judicial. Es la corrupción, en forma de manguala, pasándose por la faja el interés general.
Mientras nos quejamos de la politización de la justicia y la pérdida de su independencia, el país ha visto una muestra de la manera como se solucionan diferencias en las altas cortes que, como dijera el Maestro Carlos Duque, nunca habían caído tan bajo, al punto que mientras los magistrados ofrecían presentar sus declaraciones de renta, un sentido mínimo de moral y dignidad hacía pensar que se ofrecerían cartas de renuncia.
¿Influencia de la política? Mentira; la Corte Constitucional es precisamente eso: un tribunal encargado de transformar diferencias de intereses, es decir políticas, en sentencias judiciales. Echarle la culpa de lo que ocurre con la justicia a la Constitución es, en realidad, una manera de distraer la atención. Otra cosa son la mala política y la mala justicia.
Mientras hablamos de injusticias sabemos que la impunidad en Colombia supera niveles del 90%, cifra que se agrava si tenemos en cuenta que solo 20 de cada 100 delitos son denunciados; que tenemos un 50% más de los presos que pueden albergar las cárceles mientras1.600.000 procesos están pendientes de resolver. ¿Injusticias? ¿Desigualdad? En tanto el salario mínimo es de $644.350 el magistrado Pretelt declaró en 2014 ingresos salariales por $37.9 millones al mes. No están incluidas las coimas por las que le ha denunciado el magistrado González.
Todos hablamos de la necesidad de una reforma a la justicia que, en la práctica, ha resultado imposible como quedó demostrado en 2012 luego de un largo pulso en el congreso que no pudo resolverse, obligando a gobierno y congreso a dar reversa en un hecho sin antecedentes que se “saldó” con la digna renuncia del ministro Esguerra y una decisión inexplicable del Consejo de Estado según la cual el presidente Santos no estaba habilitado para hundirla ni para convocar las sesiones que ordenaron su archivo que, pese a ello, fue considerado ajustado a derecho . Mejor dicho: Un mal remiendo tapado con otro.
¿Y cómo pasan cosas así? Pues pasan. Como ocurrió dos décadas atrás cuando el congreso de la época diseñó una reforma pensional a su medida que fue rápidamente “copiada” por las cortes provocando el fenómeno de las pensiones millonarias que consumieron y consumen los recursos públicos. En la práctica, una manguala que concedió privilegios inexplicables, inadmisibles e insostenibles a políticos y magistrados que recibieron hasta 35 salarios mínimos que vieron luego reducidos a “solo” 25, en un país en que apenas el 35% de la población ocupada puede cotizar su seguridad social; el 90% de los trabajadores no puede pensionarse y del millón ochocientos cincuenta mil pensionados, un 80% recibe menos de dos salarios mínimos.
¿Por qué pese a su ineficiencia probada, permanentes escándalos de corrupción a su interior, paros a los que no falta razón etc. no ha podido reformarse la justicia? La más grande lección de la fracasada reforma es que no se pueden separar las reformas políticas y de justicia que el país necesita hace rato. Y, como están las cosas, no tiene nada de raro que en un futuro no muy lejano debamos recurrir al constituyente primario para ello, ante la voracidad y falta de sentido de autocrítica y de Estado de quienes tienen soluciones en la mano.
Mientras tanto, seguiremos “apagando” uno y otro incendio generado por la corrupción en la justicia y enterándonos que la tarifa por la ética, honradez y rectitud de algunos magistrados es de 500 millones. ¿Y de ahí para abajo? Sinvergüenzas.
@herejesyluis
Posdata: Después de hechos como los de la Corte parece un chiste flojo la frase según la cual deberemos sacrificar algo de justicia para conseguir la Paz: está sacrificada hace tiempo a cambio de nada.