Caben muchas objeciones a la Reforma Tributaria, pero, luego de seis años cogobernando, es demagógico y populista afirmar que no se necesitaba. La politiquería en Cambio Radical se hizo evidente.
A nadie le gustan los impuestos. Menos si, como en este caso, afectan más a los sectores débiles y con bajos ingresos de la población. No es una medida popular y solamente se puede justificar por circunstancias excepcionales que en este caso no han sido explicadas a la opinión por el ministro de Hacienda. La reforma es una decisión de Estado, como debería serlo la buena gestión y el cuidado pulcro de los recursos públicos.
Cualquiera esperaría que decisiones tan gravosas estuvieran precedidas por medidas y hechos contra la corrupción, mucho más en un momento en que se encuentra fresco el desastre de Reficar, que costó 4.000 millones de dólares más de lo previsto; aprobada el mismo día en que la Contraloría General de la República destapó los sobrecostos por 406 millones de dólares de la planta de etanol en el Meta, y se conocieron las coimas por los contratos de Odebretch. ¿Más impuestos y la corrupción ahí? Pensamos todos.
La reforma ha sido necesaria por la estabilidad de la Economía, buscando reponer recursos perdidos por el bajo precio del petróleo y su efecto en los ingresos del Estado. No es estructural, como se ha dicho, salvo por el aumento en la Tarifa del IVA y una leve reducción del impuesto a la renta de las personas jurídicas que no hace diferencia como para promover mayor inversión.
Pero, según el gobierno, resultaba indispensable por la presión de las calificadoras de riesgo para evitar una mayor pérdida de confianza en la Economía, con el subsiguiente aumento en el pago de intereses de deuda y un mayor deterioro en la tasa de cambio. Los recursos a conseguir permitirán que el Estado cumpla sus funciones en Salud y Educación etc. El argumento según el cual faltan recursos por que tenemos exceso de gastos no es tan cierto y tampoco soluciona los problemas de las finanzas públicas. Sumando y restando, el gobierno tomó su decisión.
Los partidos de la coalición que ha gobernado los seis últimos años, se dieron un lapo que puede resultarles costoso en las próximas elecciones. Pero fueron coherentes con el proyecto político en que han participado; solidarios con el gobierno considerando que no se pueden paralizar sus acciones. Cambio Radical, el partido del vicepresidente, en cambio, busco pretextos para no asumir el costo político de apoyar la reforma luego de cogobernar, con varios ministerios a su cargo, lo que le facilitó varias victorias en las elecciones regionales. Con razón Congresistas de varios partidos hicieron ver que al vicepresidente “le gusta la leche pero no la vaca”, luego de varios años ordeñándola.
Si el presidente le pide la renuncia al vice presidente, cosa que en cualquier caso se producirá antes de mayo por su condición de candidato, en lugar de perjudicarlo le haría un enorme favor ahora que Vargas Lleras quiere deslindarse del gobierno.
Lo sucedido pareciera darle la razón a un chisme que circula en círculos políticos según el cual el vicepresidente y el ex presidente Uribe tienen un acuerdo secreto para las presidenciales. No creo que sea así: el doctor Vargas ya dejó “tirado” a Uribe luego de usufructuar sus gobiernos; otro tanto hizo con Horacio Serpa cuando lo abandonó faltando días para elecciones; la misma fórmula que empieza a aplicarle a Santos. ¿Alguien podrá creer que su postura frente a la reforma tributaria es de principios? ¿Será igual de leal con sus electores? Esa conducta no es excepción si no regla en su trayectoria. La política no es “mala” en si misma; lo son malos políticos que la desprestigian.