La reunión Santos – Maduro no es la solución. Venezuela debe retirarse de La Habana.
Aunque todo indica que para allá vamos, repitiendo los encuentros con Chávez, sabemos que el problema solamente se aplaza. El crecimiento del contrabando y la violencia asociada son responsabilidad del Gobierno venezolano. Debe asumirla.
Las diferencias entre dos países hermanos, con una cultura, historia y un comercio común, deben arreglarse conversando, pero para eso se necesitan dos. Después de lo sucedido será difícil para los colombianos confiar en Maduro y superar unos hechos sin precedentes en casi 200 años, desde que los ejércitos de Bolívar y Santander se encontraron en Casanare.
Para empezar, Maduro nos debe, cuando menos, disculpas. También a la humanidad. Se las debe a Bolívar, quien luchó contra atropellos como los que hemos visto en la frontera.
En un terreno más pragmático, es indudable la intención de descargar sus yerros en un “enemigo externo” para recuperar el desprestigio de su Gobierno. Su estrategia se mueve en torno a las próximas elecciones de diciembre en las que, de acuerdo con encuestas como la de Datanálisis, perdería sus mayorías. Por eso el cierre intempestivo de la frontera. Puede ser que, a conveniencia, resuelva en algún momento abrirla, pero, mientras esté Maduro, la relación binacional carecerá de confianza y garantías.
El gobierno de Colombia ha hecho todo lo posible para no caer en una confrontación absurda. Por momentos ha parecido que apenas reacciona mientras Maduro conoce perfectamente su estrategia. Sin previo aviso creó una crisis humanitaria y, cuando apenas elaborábamos una respuesta, se reunió con el secretario general de la ONU y se quejó, como cualquier pájaro tirándole a cualquier escopeta. Lleva ventaja en su perspectiva de culparnos por sus errores.
La situación en la frontera es compleja y en ella existe influencia tanto de grupos guerrilleros como de bandas criminales que no se pueden calificar como “colombianas”. Y corrupción de funcionarios de lado y lado. Pero hemos olvidado que el comercio ilegal pudo crecer, y con él la violencia asociada, gracias a las medidas del Gobierno venezolano en 2008, que frenaron no solo cualquier proceso integrador, sino los flujos comerciales naturales en una frontera viva, abriéndole camino al contrabando, del que ahora se queja.
Las cifras de reducción del comercio formal a partir de allí son contundentes: entre 2008 y 2014 nuestras exportaciones cayeron un 67.3 % y las de Venezuela un 67.8 %. Las medidas del Gobierno venezolano, entonces, no acabaron con el comercio, solo lo pasaron a las trochas y abrieron el camino a corrupción y violencia. Su equivocada política de subsidios generó diferencias de precios suficientes para corromper cualquier aduana.
Las cosas hoy son diferentes a 2008: el entorno político ha cambiado y Cuba, su principal socio, reanudó relaciones con Estados Unidos, hasta entonces su “enemigo externo” favorito; la guerrilla colombiana está a punto de alcanzar un acuerdo de paz y gobiernos de “izquierda” como los de Ecuador, Argentina y Brasil, se niegan a considerar a Colombia como un país “enemigo”. Por otra parte, con la caída en los precios del petróleo, su chequera no es tan poderosa.
Hoy por hoy, el principal activo de Maduro en sus relaciones con Colombia, lo que también explica su conducta, es el papel que viene jugando Venezuela en el proceso de paz. Por eso hace sentido que se margine de él. No puede estar en una mesa de paz un Gobierno que todos los días amenaza y promueve actos de guerra.
Maduro no es Venezuela, dijo acertadamente el expresidente Felipe González la semana pasada. Por eso mismo no es interlocutor para el presidente Santos ni para Colombia.