Uno de los grandes avances de la Constitución de 1991 fue el fortalecimiento de la Rama Judicial. La creación de nuevas cortes y el fortalecimiento de las existentes han permitido numerosos adelantos en la protección de derechos como la vida, la salud, el debido proceso, la educación y el medio ambiente. Sin embargo, también generó un modelo que ha convertido en un viacrusis el adelantamiento de cualquier proyecto de infraestructura: el cogobierno judicial de las entidades públicas.
A través de decisiones adoptadas en acciones populares, tutelas y suspensiones administrativas, los jueces de la República se han convertido en coadministradores de obras afectando millones de personas sin el más mínimo conocimiento técnico. No se trata de problemas de corrupción, que deben ser sancionados con severidad, ni de discusiones sobre derechos fundamentales como la vida o la salud. Se trata de decisiones de conveniencia política y económica adoptadas por funcionarios judiciales que no tienen ningún conocimiento en ingeniería, economía ni finanzas, pero que ven la posibilidad de hacerse notorios con sus decisiones ante la comunidad.
Se han convertido en actores esenciales en la realización de cualquier proyecto, pues pueden borrar con el codo el trabajo de cientos de expertos, poniendo además en peligro miles de millones de pesos y el avance de obras claves para la comunidad. Mientras que para adoptar una decisión sobre un proyecto de infraestructura un alcalde o gobernador debe realizar un proceso de años para contar con un registro presupuestal, una disponibilidad presupuestal, una licencia ambiental, una licencia urbanística, unos diseños, unos planes financieros, unos pliegos de condiciones y una licitación, para un juez basta una decisión adoptada en segundos para arrojar por la borda años de trabajo de cientos de técnicos especializados. En Bogotá, se han frenado proyectos como la ampliación de la Planta Wiesner, la venta de la ETB y la construcción del Parque San Rafael y puede llegar a suceder también con el metro. Situaciones similares se presentan en muchos municipios del país en donde a través de acciones de tutela, suspensiones provisionales o acciones populares se tiene frenada la construcción de vías, parques o puentes.
Lo peor de todo es que estas decisiones están amparadas en la más absoluta irresponsabilidad de los jueces. Mientras que un funcionario de una Alcaldía o una Gobernación debe responder con su patrimonio por cualquier detrimento patrimonial causado, los jueces no tienen ninguna responsabilidad fiscal y por ello pueden adoptar cualquier decisión sin ninguna consecuencia. Desde suspender la construcción de una vía afectando decenas de miles de personas hasta paralizar un proyecto de infraestructura causando millones de pesos en perjuicios.
Además estas decisiones no son adoptadas por la Corte Suprema de Justicia, la Corte Constitucional o el Consejo de Estado, sino por jueces o tribunales aislados que seguramente con buenas intenciones (pero en todo caso con consecuencias devastadoras) quieren ayudar a la comunidad, pero no se dan cuenta que al actuar sin soporte técnico terminan generando una cura mucho peor que la enfermedad, condenando al atraso eterno a sus conciudadanos. Por ello es necesaria una reforma urgente que impida esta situación para evitar que el desarrollo de los municipios y regiones se vea paralizado ante la mera creatividad judicial.