Colombia es un país de guerras. Los historiadores señalan que en nuestro territorio se han luchado más de 100 de todo tipo. Por ello, todo lo queremos solucionar a partir de la lógica del combate, de la lucha, de eliminar al contrincante y en los últimos años se ha escogido un nuevo enemigo: los funcionarios públicos.
Hace dos años cuando se firmó el Acuerdo de Paz se dijo que una vez negociada la terminación del conflicto con las FARC era necesario concentrar los esfuerzos en acabar con un enemigo común: la corrupción. Se pretendió entonces afrontar la lucha contra este fenómeno con las mismas estrategias simplistas de la guerra: identificar el enemigo y eliminarlo. Sin embargo, aplicar este mecanismo en la lucha contra la corrupción tiene un problema: mientras que los miembros de los grupos armados se anuncian como tales y se enorgullecen de su condición, no es fácil identificar a los corruptos. Por ello para que esta estrategia facilista funcione es necesario darle una cara concreta a la corrupción y para ello se ha utilizado una fórmula simple: como la corrupción más grave es la pública y esta se comete en el Estado el enemigo público número uno es el funcionario público.
El primer paso de esta estrategia es la estigmatización: ya no queda una sola entidad en Colombia que se salve de la mala imagen: el Congreso, la Rama Judicial, la Fiscalía, El Ejército, la JEP, el Gobierno, la Policía, las Alcaldías, el ICBF, el SENA, el INPEC y un largo etcétera. Es claro que al interior de cada una de estas entidades se han presentado escándalos de corrupción, pero también hay miles de funcionarios honestos que tienen que soportar diariamente ser tratados como si se hubieran robado miles de pesos. Basta ver la indignación que produjo en muchas personas el salario que reciben el Presidente o los directores de las entidades públicas, cuando en el sector privado profesionales con responsabilidades menores ganan sueldos mucho mayores, lo cual hace que al final la mayoría de las personas mejor calificadas elijan el sector privado y cada vez sea más raro ver que una persona con una muy buena hoja de vida quiera arriesgarse a los millones de riesgos que implica ser funcionario público.
En el campo legislativo mientras en Alemania o España existen como máximo 10 delitos contra la administración pública centrados en el núcleo de la corrupción que es el soborno y la apropiación de recursos públicos, en Colombia existe una maraña de más de 40 delitos, muchos de ellos con una terrible redacción, lagunas y todo tipo de vericuetos que terminan salvando a los funcionarios corruptos y enredando a los honestos. La última de estas telarañas se presentó en el nuevo proyecto anticorrupción que se radicó hace unos días en el Congreso cuyo artículo 20 señala que la mera desatención de un acto administrativo o un reglamento en un proceso de contratación puede hacer que un funcionario pueda ir 20 años a la cárcel sin haberse robado un peso.
Al final el resultado de esta situación no es la reducción de la corrupción. Esta sigue existiendo por problemas estructurales del sistema democrático. La consecuencia es el desincentivo de las personas más calificadas para ser funcionarios. No en vano menos del 20 por ciento de los egresados de Universidades de máxima calidad como la Javeriana, la Nacional, el Rosario, los Andes y el Externado quieren ser funcionarios y ello termina impactando profundamente la calidad de la función pública.