La libertad de expresión es uno de los derechos más importantes de los seres humanos. No solamente es una garantía individual de cada persona de expresar sus pensamientos y opiniones, sino que también implica el derecho colectivo de la sociedad de recibir información para poder conocer la verdad y ejercer un control adecuado del poder público y privado. Por lo anterior, su protección constituye un requisito esencial de toda democracia y su represión es un acto propio de las dictaduras.
Actualmente existen varias propuestas de limitar este derecho que ponen en riesgo nuestro sistema democrático. La primera es la restricción de la libertad de cátedra de los profesores sancionándolos cuando realicen cualquier manifestación política. Es innegable que existen expresiones que no se deben tolerar en una institución educativa como la promoción del discurso del odio, la xenofobia, la discriminación o el bullying, pero restringir en abstracto cualquier expresion política llevaría a la persecución y a la arbitrariedad. Adicionalmente, pensar que los docentes adoctrinan a los jóvenes no solo es una acusación estigmatizante contra ellos, sino que también implica menospreciar la inteligencia de nuestra juventud y la influencia de la familia en la formación de su carácter.
Otra propuesta que ha generado debate es la regulación de las redes sociales. Este es otro debate bizantino y que demuestra la ignorancia que hay en Colombia sobre el tema. Internet es simplemente un espacio de comunicación al cual se aplican todas las reglas ordinarias de nuestro derecho. Por ello, si una persona ofende a otra en Twitter o Facebook simplemente se le aplican las mismas sanciones que si lo hace en una calle. Incluso resulta más sencillo sancionar afectaciones a la honra realizadas en las redes sociales, pues siempre queda un rastro de lo dicho en internet. Por ello, crear normas especiales para este ámbito no solo sería totalmente innecesario, sino también inconveniente, ya que podría abrir el espacio a la censura previa.
La tutela es en este ámbito la principal herramienta para proteger la honra de las personas y su eficacia depende de jueces instruidos que apliquen la ley y no se dejen engañar por sofismas pregonados por personas que se creen por encima del bien y del mal. En los últimos años se han producido decisiones judiciales fundamentales que han evitado que se propaguen en internet noticias falsas o afirmaciones sin sustento hechas por gente que cree gozar de una inmunidad proporcional al número de personas que las siguen en las redes sociales.
Más allá de nuevas herramientas jurídicas, somos los propios colombianos en nuestra condición de ciudadanos, padres, hermanos, abuelos y vecinos quienes debemos propender por una cultura respetuosa y menos agresiva. La ofensa verbal y la denuncia sin fundamentos, que algunos ven como una expresión de valentía, en cualquier sociedad civilizada son solo sinónimo de violencia y falta de educación. Es realmente lamentable que en Colombia hayamos llegado al punto de admirar a quienes captan adeptos con la mentira y el odio, pero ello no se soluciona con nuevas leyes, sino con un cambio hacia una cultura del respeto a los demás.
La libertad de expresión es esencial para la construcción de una opinión pública informada, por ello la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha sido muy clara en señalar que cualquier restricción previa constituye una censura prohibida. Son los jueces quienes tienen que garantizar a través de la tutela y de los procesos por injuria y calumnia que se sancionen debidamente las expresiones falsas y el discurso del odio y cuentan con todo un arsenal de normas para hacerlo.