El país se conmociona, por fin, con el tsunami de asesinatos de hombres y mujeres líderes sociales. Todos los medios de comunicación han hecho eco a las descripciones y análisis del fenómeno ofrecidos por entidades de gobierno u organismos especializados de sociedad civil.
Se cuenta con detallados informes de Naciones Unidas, la Defensoría del Pueblo, Somos Defensores, Codhes, Cinep e Indepaz. Según Indepaz, desde el 1º de enero hasta el 5 de julio de este año los asesinatos de líderes sociales se han disparado y, en lo que va del año, el Instituto ha registrado 123 casos. Los departamentos que más asesinatos de líderes y/o defensores de derechos humanos han tenido en lo corrido del año son Cauca (18 casos), Antioquia (18), Valle del Cauca (11), Córdoba (9) y Nariño (8).
Los meses en los que más muertes se han registrado son enero (27), marzo (21) y mayo (18). El Instituto constató que las organizaciones que más reconocen líderes asesinados son Cumbre Agraria (Onic, 17; Marcha Patriótica, 16; PCN, 3; Congreso de los Pueblos, 2 y Ríos Vivos, 2) y la Confederación Comunal de Colombia (16). En lo que va de 2018 las víctimas han sido 101 hombres y 18 mujeres. Con relación al mismo período de tiempo del año anterior, se registró un incremento de 30 asesinatos.
La cifra de muertes contrasta con un mapa que maneja la Defensoría del Pueblo, en el que se habla de 311 asesinatos de líderes sociales entre el 1º de enero del 2016 hasta el 30 de julio del 2018. Sin embargo, según las estadísticas de Indepaz, los asesinatos han sido 419, 108 más de los que señala la Defensoría.
Un problema de dimensiones tan graves y de consecuencias tan lesivas solo puede atacarse con algún éxito si hay un diagnóstico consolidado sobre él y si se aplica a su solución una voluntad política real y sostenida. Ninguna de las dos cosas se da hoy en las instituciones concernidas con el tema. A nivel de autoridades lo que existe es un nivel de perplejidad inaudito y el debate retórico de que no hay sistematicidad cuando ésta, si no está clara por vía de la homogeneidad de los autores, sí lo está por el tipo de víctimas y el objetivo de frenar las acciones legítimas de reivindicación relacionadas con derechos y con el cumplimiento de acuerdos.
Los analistas coinciden en que los organismos de prevención como Defensoría del Pueblo, Comisiones de Garantías, Comisión para la terminación de las Organizaciones Armadas Ilegales, entre otros, o no operan o cuando algo hacen no son escuchados ni atendidas sus oportunas alertas. Las recomendaciones de las entidades mencionadas al inicio de esta nota no son tomadas en cuenta por los tomadores de decisiones públicas. El Decreto 660 de abril de este año sobre seguridad y protección para comunidades y organizaciones en los territorios no tiene recursos para ser aplicado.
Ante la evidente impotencia institucional comienza a surgir un movimiento de acción civil contundente que se plantea utilizar todos los medios de presión ciudadana y social legítimos recurriendo a la presencia masiva en la plaza pública como la velatón del viernes 6 de julio (más de 50 ciudades), el pedido de una mayor presencia e incidencia de la comunidad internacional, hasta contemplar la utilización de formas de paro y desobediencia civil para obligar a las autoridades e instituciones a utilizar toda su capacidad instalada, que es enorme, para cumplir con el primero de su deberes que es la protección de la vida de todos los ciudadanos y ciudadanas.
El presidente electo, Iván Duque, que se posesiona el 7 de agosto, debería atender los llamados a suscribir un pacto social por la vida y liderarlo, asumiéndolo como un pacto sobre lo fundamental, la vida lo es, con participación de todos los partidos y fuerzas ciudadanas que le dé piso y ambiente a una acción institucional capaz de contener el tsunami de exterminio desatado contra hombres y mujeres líderes sociales en muchas regiones del país.
Si el Estado falla la ciudadanía tiene pleno derecho a utilizar todo su poder, incluido su poder destituyente y constituyente, para obligar a las autoridades a hacer aquello para lo cual están constituidas. “Todos los hombres reconocen el derecho a la revolución, es decir, el derecho a negar su lealtad y a oponerse al gobierno cuando su tiranía o su ineficacia sean desmesuradas e insoportables” (Henry David Thoreau, Del deber de la Desobediencia Civil, 1848).
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