Reformar es perfeccionar, rehacer algo, cambiar para mejorar. Por ello en la reforma política podemos distinguir una estética, una ética y aun una épica. La estética del cambio está en la mayor democracia que se obtiene; la ética, en los referentes de valor que inspiran los fines últimos de la acción de cambio y la épica radica en el protagonismo de la gente, la ciudadanía, el pueblo.
A partir de esa visión se comprende que la reforma política no es asunto solo de modificación de normas e instituciones, es también un asunto cultural, inseparable de una praxis referida a valores. La política la hacen hombres y mujeres senti-pensantes, que viven de intereses, ideas y sentimientos, y que compiten por direccionar la sociedad y sus instituciones. Reclamar atención a la dimensión cultural no es un adorno en el árbol político, es raíz y savia del mismo.
Reformar la política, en una situación determinada, es transitar de lo indeseable a algo distinto que resulta atractivo y preferible. Aspiramos a más y mejor política porque, a pesar de los positivos pasos en materia de paz mediante conversaciones y acuerdos, seguimos anegados en un pantano repugnante de violencia, corrupción, ineficiencia, abuso de poder, posverdad y alejamiento de los fines del Estado social de derecho. Sabido es que la política en muchos de sus actores, funciones e instituciones está profundamente envilecida.
Las observaciones anteriores se hacen para visualizar la integralidad necesaria de una reforma política que merezca el nombre de tal. Esa visión integral comporta tomar en cuenta que los actores de la política no son solo los partidos políticos, sino también los movimientos y organizaciones sociales. Y que la protesta social y el cabildeo (lobby) forman parte del repertorio de acción política. Todos ellos están ligados al juego de poder en la cotidianidad democrática.
La que al presente se intenta es una reforma limitada que no toma en cuenta integralmente el Punto 2 del Acuerdo de Paz, firmado entre Gobierno y Farc de manera definitiva en noviembre 24 de 2016. Esa reforma, que no se hizo como debió hacerse durante el fast track, se le adeuda al país y, por ningún motivo, habrá de renunciarse a ella porque forma parte sustantiva del proceso de salir de un conflicto político a través de una negociación política que, en plazo relativamente corto, ha de desembocar en una nueva realidad social y política (transición).
No es la actual una gran reforma, pero es una reforma importante porque apunta a la solución de problemas prácticos del quehacer político en un momento en que el país debe dejar atrás los tiempos de confrontación armada para adentrarse en dinámicas de conflictividad social por vías inobjetablemente democráticas: opinión, voto, mandato, marchas, consultas, revocatorias…
Con ese criterio aparecen aspectos relevantes que es preciso tratar de sacar adelante en la reforma:
No prolongación de mandatos territoriales, no reelección; simple, concreta y expedita reglamentación para personería jurídica; posibilidad de cambiar de partido sin incurrir en doble militancia (una vez); posibilidad de constituir un nuevo partido (escisión) con un porcentaje de integrantes de la bancada o de los votos obtenidos por el partido en referencia; posibilidad legal para las minorías de constituir coalición tanto para cargos uninominales como para la conformación de listas en todos los niveles territoriales; consagración de la modalidad de listas cerradas y consultas internas para conformarlas; alternancia de hombres y mujeres o paridad de género (lista cremallera); elección a cuerpos colegiados por no más de tres (3) períodos; personería jurídica a todos los integrantes de una coalición de minorías (quienes juntos representan menos del 15% en votos).
Otros aspectos: adquisición progresiva de derechos para partidos con reconocimiento jurídico; adopción de las circunscripciones especiales de paz; participación política de movimientos sociales con facultad de participar en coaliciones; voto a los 17 años en 2022, a los 16 en 2026; voto obligatorio; implementación del voto electrónico para lograr agilidad y transparencia en todas las votaciones a partir de 2022; financiación estatal completa de partidos y campañas políticas; eficiencia en el proceso de aprobación y entrega de los anticipos; creación de un Tribunal Electoral realmente autónomo y con capacidad sancionatoria para irregularidades en el ejercicio electoral… Por espacio se quedan sin mencionar otros aspectos y detalles.
No puede la reforma reducir su ámbito y sus efectos a los asuntos de orden nacional, es preciso que se encamine a aportar soluciones a los problemas de la política regional, como lo ha venido planteando con insistencia el analista y exviceministro del Interior Juan Fernando Londoño (Semana, El Tiempo) en referencia a la ley de garantías, la financiación de campañas, el tiempo de las campañas y otros asuntos de clara pertinencia.
Se requieren disposiciones y acciones a nivel territorial que neutralicen prácticas vitandas de la politiquería tradicional apuntaladas por la acción de mafias, clanes y grupos armados.
Es necesario que el cambio institucional, cultural y práctico de la política se viva y sienta en la cotidianidad de las comunidades locales y regionales. Hay una oportunidad en los próximos comicios territoriales que no se puede desaprovechar. A la instalación de un nuevo Gobierno Nacional el pasado 7 de agosto seguirá la instalación de nuevos gobiernos municipales y departamentales el 1º de enero de 2020 como resultado de las elecciones que tendrán lugar el 27 de octubre de 2019.
Conjuntos apreciables de población –mujeres, jóvenes, personas discapacitadas, gentes de regiones apartadas, compatriotas residentes en el exterior, víctimas, entre ellas sobre todo los desplazados– han de sentir que son plenamente incluidos, que pueden jugar con garantías efectivas en el tablero del poder, que la institucionalidad y las oportunidades cuentan también para ellos.
Colombia está en un lento, accidentado pero ineludible proceso de reconfiguración del paisaje político. La reforma o, mejor, las sucesivas reformas políticas tienen que apuntar al surgimiento de nuevos actores políticos y a la renovación de los que pervivan. Es preciso coadyuvar al nacimiento de auténticos sujetos políticos.
Más y mejor política para una mejor sociedad y mejor gobernanza son propósitos que han de asumirse y perseguirse sin desmayo. En ello va la ética, la estética y la épica de la primavera política democrática que el país hace tiempo merece.