Hay gran revuelo con la Constituyente propuesta. Colombia ha sido pionera en modernización constitucional, pero hoy ya se está quedando atrás frente a nuevos enfoques y nuevos hechos.
Hay desfase ante la realidad que demanda ampliación del pacto fundante, atención integral a la dimensión territorial, garantía para los derechos sociales y de la naturaleza, estos y otros aspectos configuran la perspectiva de la Segunda República o República Social.
Por ello las propuestas de ELN y FARC, Convención Nacional y Constituyente, no son estrafalarias, es decir, no son traumáticas, al contrario, pueden ser saludables para el país, pero una nueva Constitución es un hecho societal al que le llegará su momento.
Sin duda el país necesita y debe prepararse para una nueva Constitución, no porque el proponente ocasional sea el determinante, sino porque en el seno de la sociedad colombiana está ya en gestación el sujeto que puede materializar una nueva realidad política.
Podría ocurrir algo análogo a lo ocurrido al término de los 80: ante el auge del terror – desde el Palacio de Justicia hasta el asesinato de 4 candidatos presidenciales y el director de un diario nacional, pasando por los carros bomba y la explosión de un avión en vuelo – la sociedad reaccionó buscando un reordenamiento general que instaurara un esquema de inclusión a fin de frenar la polarización extrema que se precipitaba.
El M19 y otras guerrillas entendieron el momento y dieron el paso a la paz, coadyuvaron, pero el elemento determinante estuvo en la gente, en el sentimiento de la ciudadanía que tomó forma en la iniciativa estudiantil de la memorable “séptima papeleta”.
Lo ocurrido en las dos últimas décadas es que las legítimas aspiraciones populares no han encontrado satisfacción en los postulados progresistas de la Constitución del 91, ni en los gobiernos que le siguieron, ni en los nuevos partidos, ni en los proyectos políticos alternativos, por supuesto tampoco en el camino insurreccional en que han persistido ELN y FARC-EP.
En el campo de las mayorías inconformes están ahora las víctimas del conflicto: los cuatro millones de desplazados, entre ellos los campesinos despojados de sus tierras, las fuerzas de oposición y sindicalistas sometidos al exterminio, las mujeres violentadas en infinidad de formas, las comunidades indígenas, afros y raizales atropelladas en sus territorios ancestrales, la negación de derechos básicos a más de la mitad de la población colombiana y el crecimiento escandaloso de la desigualdad. Otras víctimas, en número incalculable, quedan de los TLC y locomotoras del gran capital multinacional que avanzan arrasando gente y naturaleza.
Es claro que la sociedad no quiere ninguna guerra, ni la insurgente ni la del Estado. Existe una derrota moral de la guerra, se reconoce que hay conflicto político, pero no se reconocen guerras de liberación ni guerras de legitimación.
Lo nuevo es que paulatinamente la indignación se convierte en conciencia política desde la base y las regiones. El país asiste a oleadas sucesivas de movilización, deliberación y mandato: por derechos, reconocimiento, inclusión y participación, por soberanía, libertad, democracia, justicia y paz. Trabajo decente y vida digna están en el vértice.
Frente a la crisis de representación (Presidencia, Congreso, Partidos) crece la democracia de movilización, dan pasos positivos los movimientos sociales y sus coordinaciones, comienza a desplegarse la potencialidad política de lo social, la articulación de las resistencias insinúa una perspectiva de civilismo radical democrático.
Un nuevo sujeto plural de mediación estructural entre el establecimiento y la rebelión está en camino. La prioridad hoy es la constitución del sujeto (Ferdinand Lasalle), luego vendrá el papel mojado de una nueva Constitución.
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