Crece una sensación de desgobierno en la paz.
Los tiempos se prolongan en exceso, el tratamiento jurídico de los acuerdos y la refrendación se enredan, el bloque político que soporta la salida negociada de la guerra pierde cohesión, arrecian los atentados, amenazas e intimidaciones, el sonado ajuste de gabinete más que soluciones trajo complicaciones.
Peligrosas estas circunstancias, reforzadas con la pérdida de credibilidad del gobierno. Para unos los ineludibles dolores del parto de la paz, para otros síntomas de grave riesgo para la criatura.
Si el gobierno no se espabila y retoma las riendas va a llegar un momento en que nadie gobierna ni la paz ni la guerra y, entonces, en el 2018 podría regresar el autoritarismo, el afán de exterminio y el populismo de derecha.
Las soluciones deben provenir de la sociedad, víctima de la guerra y beneficiaria de la paz. El gobierno debe dejarla jugar sin temor si quiere superar las dificultades que surgen a diario. Es la hora de un cohesionado movimiento social de paz con iniciativa política. Tres cosas hay que hacer sin dilación y con decisión:
Primero: restablecer y ampliar el acuerdo político para la paz sobre una base programática de transición transformadora. Ello significa pasar de una paz de gobierno a una paz de Estado, fundamento de una voluntad nacional de paz. Se requiere un llamado abierto del Presidente a partidos políticos y movimientos sociales, incluida la oposición uribista. Ese será el piso para un verdadero gabinete de paz y el empleo a fondo de la institucionalidad para la paz, incluido el consejo nacional y consejos territoriales de paz hoy subutilizados.
Segundo: procurar seriamente un acuerdo sobre “lo fundamental”, es decir, la eliminación de las armas en la política, el desmonte del paramilitarismo, el monopolio legítimo de la fuerza por parte del Estado, los derechos de las víctimas. Ese debería ser el pacto histórico, social y político del que hablan el Centro Democrático, el Partido Comunista, las FARC-EP y otros importantes actores y personalidades sociales, políticas, eclesiales y académicas y en favor del cual Kofi Annan, Exsecretario General de la ONU, ha comenzado a ejercer sus buenos oficios.
Tercero: asumir desde ya la movilización social como un componente cierto y efectivo de la construcción de la paz. La presión social es un componente legítimo de los cambios y reformas estructurales que contempla la paz. No es para poner todos los reclamos sociales en la canasta de la negociación Gobierno-FARC y Gobierno-ELN, es para lanzar el mensaje, con hechos, de que la paz sí va a significar apertura política democrática y avances sustantivos en justicia social.
Gobierno, guerrillas y sociedad tienen, cada uno, que asumir sus roles y sus responsabilidades. Al gobierno le corresponde tomar la iniciativa para ordenar su propio campo y para que los otros campos vayan encausándose hacia un objetivo común: la paz con cambio. Un acuerdo de país despeja la incertidumbre sobre el futuro: se aseguraría que cualquiera sea el signo político de los tres gobiernos siguientes se cumplirán los acuerdos de paz que ahora se suscriban.
Claramente se ve que la sociedad es el actor central de la paz: exige, ilumina, seduce… con un proyecto de país incluyente. Sociedad fortalecida desde las regiones y territorios, desde la diversidad étnica y cultural, desde los campos y las ciudades, producirá un gobierno democráticamente fuerte.
La paz como proyecto de país debe mover, remover, conmover las mentes y los sentimientos de todos los colombianos y colombianas para que un sueño generoso y viable se abra camino en estos momentos decisivos de nuestra historia. @luisisandoval