Todas las etapas de un proceso de paz son importantes: los encuentros secretos para acordar la agenda, las conversaciones para llegar a acuerdos, la firma de los acuerdos mismos, la implementación de todo lo acordado, la creación de un clima de reconciliación que saque de los espíritus las raíces culturales de la confrontación.
Estas etapas se suceden unas a otras sin interrupción, ninguna puede faltar ni dilatarse porque si no el propósito central de alcanzar la paz no se materializa. Por ello razón asiste a Sergio Jaramillo, Alto Comisionado de Paz, en sus recientes advertencias sobre las condiciones de éxito de la implementación.
Están en los periódicos, pero no sobra recordarlas aquí sucintamente: “La paz nos abre una ventana de oportunidad, pero si la implementación no procede con velocidad y se garantiza la seguridad en los territorios, otros –narcos, bacrim, autoridades corruptas- harán lo posible para cerrarla”.
Focaliza aún más el Comisionado: “Mientras nuestros políticos no sean capaces de actuar con grandeza y generosidad y no tengan otro interés que asegurar su tajada de poder en el 2018, la implementación va a ser muy difícil y los riesgos no van a ser pocos”. Nada más oportuno que este llamado porque la implementación antes que un proceso técnico es un proceso político.
El proceso político de implementación de los acuerdos de La Habana implica a los poderes societales reales y a las instituciones públicas, a los excombatientes en plan de normalización y a la sociedad civil cuya participación no es menos importante en esta etapa que en las precedentes.
Se requiere la voluntad clara y firme de los actores institucionales, los partidos políticos, los empresarios, las organizaciones sociales y las comunidades de fe.
Todos, no solo los gobiernos nacional, departamental y municipal, tienen que orientarse por el principio de “pacta sunt servanda”: los pactos son para cumplirlos.
Solo así la paz significará el advenimiento de una realidad institucional y social nueva en cada región y territorio. Proceso tecnocrático con predominio del centro y de los niveles superiores de la administración no tendrá éxito. La imposición vertical no es el camino de un proceso que pueda llamarse democrático y orientado a la profundización de la democracia.
Constructivamente hay que señalar que la condición participativa de la implementación no está asegurada. El gobierno fue remiso en darle curso a la participación efectiva en la etapa de discusión de la agenda. Por eso se perdió el plebiscito, por eso se puede perder el próximo gobierno. La política tradicional tiene monopolizadas las decisiones, los recursos, el rédito social de los programas.
La Ley de Amnistía adoptada en tiempo record, la expresión política de transición Voces de Paz que participará en los debates parlamentarios de desarrollo legal de los acuerdos son pasos importantes, se necesita asegurar condiciones de seguridad e involucrar a la sociedad con sentido de corresponsabilidad.
El amplio y rico tejido de sociedad civil territorial (mapeo que adelanta el Consejo Nacional de Paz), los colombianos en el exterior, pueden, si se les toma en cuenta y se les convoca, cumplir roles de activación y control social frente al cese bilateral y dejación de armas, la pedagogía de los acuerdos, la creación de condiciones favorables a la reconciliación, la ejecución de la reforma rural, la sustitución de cultivos de uso ilícito, la reparación de las víctimas, los procesos de retorno, la acogida a los excombatientes.
La implementación requiere seguridad jurídica y política, capacidad técnica y recursos. Con élites políticas y burocráticas clientelizadas, sin grandeza ni generosidad, no habrá implementación. La razón asiste al Comisionado Jaramillo.