Estas tres dinámicas sociales, tan relevantes en este momento, parecen inconexas, inclusive repelentes, pero no es así.
Al observarlas con algún detenimiento se advierten sus estrechas relaciones y, sobre todo, el hecho de que constituyen la materia prima y la oportunidad para iniciativas innovadoras por parte del Estado, grupos insurgentes, movimientos sociales y partidos políticos.
Las protestas pueden canalizarse hacia las reformas, unas y otras pueden dar forma sustantiva a la paz. Paz sin reformas imposible, reformas sin movilización imposible. Brasil que tiene agudo conflicto social pero no conflicto armado está dando ejemplo de un gobierno que aprovecha las protestas para diseñar reformas. La Presidenta Dilma Rousseff que gobierna a nombre del Partido de los Trabajadores PT ha tomado la iniciativa con el aplauso inmediato de Lula.
Ya John Locke en el siglo XVIII notaba que no son demandas desmedidas del pueblo sino la mezquindad de los gobernantes la causa de las protestas y que éstas, atendidas oportuna y adecuadamente, no degeneran en violencia. En este siglo XXI, inclusive Estados Unidos toma en cuenta la movilización callejera y electoral de los inmigrantes, la mayoría latinos, y decide – apelando a demócratas y republicanos – adelantar una reforma migratoria. Indudable conquista de la gente que se movilizó masivamente durante años.
Para un gobierno reformista las movilizaciones son oportunidad de realizar sus propósitos de cambio a través de proyectos legislativos, decisiones administrativas, acuerdos sostenibles con los movilizados. ¿Será posible que el Gobierno del Presidente Juan Manuel Santos enfoque y trate de esta manera lo que está pasando en el Catatumbo?
Colombia toda está hoy en el aprendizaje de la inclusión y la justicia para que la rebelión no tenga razón ni pretexto. El tratamiento que se dé a la situación del Catatumbo, y otras similares que pueden presentarse, mostrará si los actores de todas las orillas están aprendiendo la lección.
El Catatumbo, en el Departamento de Norte de Santander con epicentros en Tibú y Ocaña, es a la vez una región explotada y olvidada. Petróleo, carbón y palma africana son su fuerte, pero se da la paradoja de que de ese territorio, suelo y subsuelo, y de las gentes que lo habitan (282.000), sale mucha riqueza pero muy poca retorna en servicios, inversiones, oportunidades y presencia institucional. Esa circunstancia ha hecho que cojan auge los cultivos de uso ilícito. La misma tragedia de otras regiones, total ausencia del Estado o solo presencia militar.
Los campesinos llevan décadas planteando lo que hoy plantean. Han hecho paros en 1986, 1996 y 1998, entre otras acciones; para lograr su levantamiento los sucesivos gobiernos han firmado acuerdos que sin excepción han incumplido. Ni que extrañarse que los grupos insurgentes den a los campesinos el apoyo que no les han dado los partidos legales. Pero lo nuevo ahora sería que el apoyo se dé en plan de civilidad, no de escalar el conflicto, porque se comprueba que, en virtud de los diálogos de paz, las cosas comienzan a cambiar y la protesta social se reconoce y trata de otra manera, de manera democrática.
La deuda con los campesinos vale billones de pesos pero ahora su aspiración básica está centrada en crear la zona de reserva campesina (Ley 160/94) que incluye desarrollo, ciudadanía, dignidad y equidad. Se trata de un territorio que se ubica en la frontera, que toca resguardos de los indígenas Bari y Motilones y también una reserva forestal, es preciso tomar decisiones concertadas que asuman los diferentes intereses legítimos en juego.
Acertar en el Catatumbo es mostrar que los diálogos de La Habana no son carreta.