Los veinte meses que van de enero 2017 a agosto de 2018 serán claves en la historia política y social de Colombia.
Las Farc dejarán de ser un ejército del pueblo y se convertirán en un partido del pueblo. La guerra política terminó, las otras insurgencias también se extinguirán. Los múltiples y disímiles sectores políticos y sociales defensores de los acuerdos tendrán un pulso dramático con sus homólogos opositores a los mismos en las elecciones parlamentarias y presidenciales de 2018.
El 7 de agosto 2018 se posesionará un presidente que significará la superación o la continuidad del nefasto período de enfrentamiento e inequidad que se abrió con el asesinato del líder popular Jorge Eliécer Gaitán en 1948. El punto de toque es el cumplimiento o incumplimiento de los acuerdos de paz.
Todo ello ocurrirá en un contexto de crisis de los gobiernos progresistas en América Latina y de alza de las derechas políticas en otras latitudes. Este 20 de enero se instala el gobierno republicano anti-inmigración de Donald Trump en Estados Unidos de Norteamérica y la pugna final por el poder en Francia, Holanda y Alemania no será entre izquierda y derecha sino entre facciones de derecha. En Inglaterra el triunfo del Brexit devolvió el poder a los conservadores. En Grecia e Italia las derechas no están dormidas. No evolucionan precisamente hacia la paz y la democracia los agudos conflictos en Oriente Medio.
Difícil el contexto interno y externo del pos-acuerdo para Colombia. El país ya tiene experiencia de la sintonía entre derecha nacional y derecha internacional. Uribe y Bush se entendieron muy bien y ello se tradujo en negar el conflicto político interno y gobernar con y para las mafias disfrazadas de autodefensas en una estrategia general contrainsurgente, antipopular y antinacional. Un curso histórico retrógrado (2002-2010) fue el que se ocultó tras el eufemismo de la seguridad democrática.
Ello puede volver a ocurrir como muy a tiempo nos lo advirtió el resultado del plebiscito del 2 de octubre del año pasado. La paz está firmada, y fue premiada, pero no está garantizada. Gustavo Petro, con aguda mirada, ha alertado que esta paz puede ser un gran conejo. Claro, ello será así si el próximo gobierno de Colombia no es uno clara y decididamente comprometido con el cumplimiento cabal de los acuerdos y con un programa signado por un alto sentido de transformación democrática tomando en cuenta que la crisis colombiana no se reduce al conflicto armado y que, por tanto, la superación de la misma tampoco se reduce a un acuerdo de paz. La paz integral es un proyecto de país con profundos cambios que requiere un sujeto político potente para hacerse realidad.
Pero tal sujeto político está en grave riesgo al momento mismo de nacer y echar a andar en el pos-acuerdo. Una situación de gravedad inusitada se configura con la agresión sistemática de los GAO, Grupos Armados Organizados, a líderes y activistas de causas sociales y de acciones encaminadas al cumplimiento de los acuerdos de paz. No puede aceptarse la impotencia del Estado ante esta situación.
Las observaciones anteriores, basadas en hechos, conducen a una conclusión insoslayable: las fuerzas pro paz, las de las élites y las alternativas, necesitan buscar un entendimiento que les permita dirigir la transición a través de dos o tres períodos presidenciales seguidos, de tal manera que Colombia abandone la semi-democracia poblada de violencias que aún predomina y se adentre en una democracia creciente sin violencia.
Veinte cortos meses quedan para jugar con imaginación y audacia hacia una estrategia victoriosa en 2018. Enorme reto.