HASTA EL MOMENTO HAN CAÍDO el general Montoya, comandante del Ejército, tres generales y 24 oficiales y suboficiales por los “falsos positivos”.
Olla podrida que se destapó públicamente por los muchachos de Soacha, que los reclutaron, que se los llevaron para Ocaña, que los mataron y después dijeron que habían muerto en combate con el Ejército. Esto viene sucediendo desde hace mucho tiempo, porque hay corrupción y degradación moral en el Ejército, reflejo vivo de lo que pasa en todo el país. Lo único bueno es que con este hecho a la gente se le quitó el miedo de denunciar y está señalando muchos más casos. Organizaciones internacionales y nacionales que velan por los Derechos Humanos le han dicho al Gobierno sobre la existencia de las ejecuciones extrajudiciales que se han incrementado desde que se echó a andar la política de la seguridad democrática. Pero el presidente Uribe no oye, no atiende y se envalentona. Refuta a José Miguel Vivanco de Human Rights Watch, y dice que tiene “fanatismo”, “rencor personal” y que es “cómplice de las Farc”. El que tiene “rencor personal” es el propio Presidente, que ha hecho de la venganza contra las Farc una política de Estado. Si todos los gobernantes actuaran así, el mundo sería una cadena infinita de odios, de imposible convivencia.
Las Farc han cometido crímenes de lesa humanidad: han secuestrado, han desplazado campesinos, han asesinado adultos y niños, todas las atrocidades posibles, aunque nunca tantas como en menos tiempo han cometido los paramilitares con sus masacres, motosierras, desplazando mucha más gente que las Farc en toda su historia. Pero como ha sido con complicidad, muy claramente, en algunas regiones del país, con la fuerza pública y la complacencia de los terratenientes y los políticos, hay quienes no lo consideran tan grave.
Las Farc le han hecho mucho daño a Colombia. Eso es claro. Pero Uribe quiere exterminarlas como sea, aun a costa del Estado de Derecho; regaña públicamente a los generales como si fueran niños de escuela porque no han acabado suficientes terroristas. El Gobierno entrega recompensas por muertos o por pedazos de cadáveres. Hay premios, licencias, ascensos. De esta manera llegó el Ejército a hacer, sistemáticamente, “falsos positivos” para demostrar que está dando la batalla. Ahora más que nunca debe quedar consignada en la ley de víctimas la reparación por los crímenes cometidos por los agentes del Estado.
Coincidió que cuando se estaba destapando toda esta podredumbre, tuvimos de visita a la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos en Colombia. Entonces, el presidente descabezó generales y oficiales, pero aún quedan muchas incógnitas: incómodos “secretos de Estado” que tal vez no salgan nunca a luz pública.
Colombia tiene un conflicto interno. Es deber de la fuerza pública defender a la población civil contra las acciones de los alzados en armas y los delincuentes, pero no ser delincuentes ellos mismos. No se puede seguir así. Se debe abrir un campo con políticas para buscar una paz negociada. La política de Seguridad Democrática –no tan democrática– que tanto aplauden los ricos y los empresarios, tiene graves fallas éticas. Es urgente rectificar pero también es absolutamente necesario dar paso a gente nueva, no contaminada.