El 18 de julio de 1994, un camión bomba conducido por un terrorista suicida explotó en el interior del edifico central de la comunidad judía argentina, AMIA, matando a 85 personas en el mayor atentado terrorista en la historia de ese país y el primero contra una comunidad judía en América Latina.
Dos años antes, un atentado similar había destruido la embajada de Israel en Buenos Aires.
Enero 18 de 2015. El fiscal Alberto Nisman, quien había estado a cargo de la investigación del llamado “caso AMIA”, es encontrado muerto en el baño de su apartamento en Buenos Aires.
Veintiún años entre ambos hechos, sin un solo detenido por el crimen, una nación clamando por una justicia que no llega, dos presidentes, Menem y Cristina, acusados de desviar y encubrir, un enredado proceso judicial digno de Kafka y un trágico epílogo. Como en similares casos criminales de alto perfil, se sabe quiénes son culpables, pero la justicia carece de integridad y poder para condenarlos, máxime cuando éstos tienen refugio en su país de origen.
Nisman asumió la dirección de la investigación en 2005 y dos años más tarde, para sorpresa de nadie, había sindicado del crimen al régimen de Irán de la época, presidente, ministro de Defensa y jefes militares y a operativos de Hizbolá, la milicia libanesa testaferro de los persas, a quienes Interpol les emitió circular roja.
Uno de los imputados, el general iraní Ahmad Vahidi, quien en 2011 realizara una visita a Bolivia, tuvo que volarse clandestinamente, ante las protestas de Argentina a Evo. Otro de los inculpados, el comandante militar de Hizbolá, Imad Mughniyeh, encontró la muerte en Damasco al explotar el vehículo en que se movilizaba.
En 2013, a instancias de la Asamblea General de la ONU, los gobiernos argentino e iraní firmaron un memorando de entendimiento creando una “comisión de la verdad”, que no era otra cosa que darles a los inculpados la oportunidad de autoinvestigarse. El memorando causó repudio en la sociedad y las víctimas y fue declarado inconstitucional, pero despertó en Nisman la inquietud sobre qué “había detrás” del furtivo acuerdo.
En momentos en que la diplomacia iraní se abría camino en América Latina de la mano de Chávez y el Alba, el caso AMIA era un obstáculo que el memorando pretendía remover. Las pruebas que encontró llevaron a Nisman a acusar a Cristina y al canciller de componendas hechas con los iraníes para exculparlos.
El caso AMIA seguirá gravitando en la conciencia argentina, la impunidad campante, el país sumido en otra de sus cíclicas crisis con una presidenta insensible al dolor de las víctimas, una justicia en ruinas, en un año electoral, donde el siempre disfuncional sistema político argentino se estremece hasta los cimientos por la extraña muerte de un fiscal con enemigos muy poderosos interesados en echarle tierra a todo, comenzando por el mismo Nisman.