El exministro de Hacienda, Carrasquilla, reapareció en el Valle. Y de nuevo en el equipo equivocado, en el combo de los mayores responsables del descuaderne financiero del departamento: los destituidos gobernadores Juan Carlos Abadía y Héctor Fabio Useche.
La relación de Carrasquilla con Abadía se remonta a los tiempos en que, como ministro de Hacienda del gobierno de Uribe, lo inspiró para embarcar al Valle en una deuda de $650.000 millones a 20 años, mediante la figura de las vigencias presupuestales futuras, bandera de su gestión como ministro de Hacienda. Abadía contó con el soporte de Ezequiel Lenis, otro técnico salido también de las entrañas del ministerio, que acompañó a Abadía como secretario de Hacienda en los descalabros que esa gobernación le generó al departamento, que culminó en la aprobación del millonario sobreendeudamiento.
Las irregularidades de este trámite tienen a Abadía y a los 20 diputados que firmaron la ordenanza ad portas de un juicio de responsabilidad fiscal ante la Contraloría General, por posible detrimento patrimonial, y ya la Fiscalía los llamó a indagatoria por posible prevaricato por acción.
Pero el asunto no termina ahí. El destituido gobernador Abadía alcanzó a premiar al consorcio estructurador de las vigencias, Desarrollo del Valle, conformado por Bonus Banca de Inversión y Rodrigo Cerón y Cerón, al autorizarles el pago anticipado del 40% de los $13.000 millones pactados como comisión de éxito. No contentos, quieren ahora, con el exministro Alberto Carrasquilla como parte de la estrategia, que la Gobernación les reconozca los restantes $8.000 millones.
¿Cuál es la jugada? Con el triunfo de Useche, quien según sus declaraciones públicas tenía a Carrasquilla entre sus asesores, regresó al equipo jurídico de la Gobernación la abogada Martha Lucía Huertas, de la cuerda política de Abadía.
El consorcio Desarrollo del Valle vio allí la oportunidad para revivir el pleito que se daba por cerrado y formalizó su pretensión. La funcionaria Huertas, actuando en favor de los estructuradores y no de los intereses del departamento, viabilizó la reclamación proponiendo un tribunal de arbitramento. Y es en este confuso escenario en el que entra a actuar Alberto Carrasquilla.
El consorcio Desarrollo del Valle lo contrata como perito financiero y el exministro hace la tarea. Desde la primera audiencia en Cali mostró sus cartas, intentando dejar sin piso técnico la liquidación de los contratos con los dos concesionarios que logró, de común acuerdo, el gobernador (e) Francisco Lourido, con lo cual quedaron enterradas las vigencias futuras.
Cuando le pregunté a Carrasquilla, en un encuentro casual, qué hacía un exministro en el bando de los destituidos Abadía y Useche, asesorando a sus amigos para desfalcar aún más las desvencijadas finanzas del Valle, me respondió fríamente: “Es que yo soy técnico”. Sálvenos señor de quienes juegan a la asepsia tecnocrática para terminar sirviendo a oscuros intereses que derivan en corrupción.
Adendum. En un acto de valor civil, el alcalde Rodrigo Guerrero logró cancelar el contrato de recaudo tributario Sí Cali, firmado por el destituido alcalde Apolinar Salcedo, que le ha significado a Cali dejar de percibir $1 billón en los 5 años que lleva en vigencia el abusivo contrato.