La decisión de la excontralora Sandra Morelli de viajar al exterior y no presentarse a la audiencia de imputación de cargos adelantada por la Fiscalía es un nuevo campanazo de alarma, producto de la inseguridad jurídica y la consiguiente falta de garantías que se abatió sobre el país y sus atemorizados ciudadanos.
La Fiscalía debe dar la tranquilidad de que los derechos de todos serán respetados y salvaguardados. Y sin atenuantes: garantista, equilibrada, ecuánime, es decir, justa; objetiva, discreta y de bajo perfil, alejada de cualquier manipulación mediática. La Fiscalía que debe ser el paradigma de la justicia, de la transparencia y de la verdad, y no cueva de intrigas, rumores y ruido, de acuerdos con acusados, de testimonios obtenidos bajo presiones o amenazas. Todo ello aderezado con falsos positivos judiciales que inculpan a inocentes a la sombra de un sistema acusatorio que tiene muy poco de justicia y mucho de manipulación de hechos, responsabilidades y honras ajenas. El “sapeo” es hoy el valor de un sistema que avergüenza y preocupa a los inocentes, no a los delincuentes que lo saben utilizar a su favor.
La Fiscalía es una de las criaturas bien intencionadas pero fallidas de los constituyentes del 91. Nació coja, como un hiperpoder descontrolado. Estrenada por Alfonso Valdivieso y el Proceso 8.000, con su manejo discrecional, en medio de la filtración de expedientes, de investigados y cheques girados por el narcotráfico a políticos y ciudadanos que nos dejó abrumados, pero llenos de verdades a medias. Luego llegó Gustavo de Greiff, tristemente célebre con la escandalosa y mediática detención del entonces alcalde de Bogotá Juan Martín Caicedo, una injusticia que le salió costosísima a la nación. La parapolítica durmió bajo su alero el plácido sueño de la impunidad hasta que la Corte Suprema de Justicia se atrevió a remover la estantería con los estremecedores resultados ampliamente conocidos.
El omnímodo poder de los sucesivos fiscales generales a todos ha confundido y encandilado, mientras la situación de la justicia, hoy de verdadera injusticia, se agrava. Se habla de los millones que se requieren para que los fallos caminen o mueran. Los abogados penalistas, quienes han hecho del oficio una práctica más que rentable en la que está en juego la libertad de las personas, terminan igualmente asqueados del escenario en el que deben litigar sin reglas claras, plagado de imperfecciones.
La justicia es expresión y fundamento del orden social. No de la imposición del fuerte sobre el débil, del dominador al dominado, del dinero sobre la verdad y la norma. Su propósito no es otro que garantizarle al ciudadano, a todos los ciudadanos, el tranquilo desarrollo de las actividades interpersonales y comunitarias. Es la garantía del equilibrio y la convivencia social. Cuando esto falla el edificio social se derrumba y son sin duda demasiadas las señales como para no reaccionar a tiempo.
Adendum El golpe bajo que les están intentando dar a las parlamentarias Claudia López y Angélica Lozano, para acallar su polémica y valiente voz, es inaudito. Zarpazos de sectores fanáticos e intolerantes montados sobre una leguleyada que no se sostiene.