La imagen del candidato al Concejo de Cartago, César Tiberio Marín, haciendo campaña a bordo de una lujosa limusina, que alquilan a $400.000 la hora, visualiza la degradación a la que ha llegado la pugna electoral en Colombia.
Las pasadas elecciones de Congreso dejaron como resultado unas cámaras grises y mediocres conformadas por ausentistas empedernidos, a las que, con contadas excepciones, llegaron los usufructuarios de descaradas alianzas, beneficiados con prebendas gubernamentales en forma de mermelada y contratos. Las de octubre se anuncian iguales; desde ya está en acción la inyección vulgar de billete, al estilo del candidato de la limusina blanca. Brillan por su ausencia ideas, propuestas y compromisos de unos candidatos cuyo único mérito es haber logrado el respaldo formal de partidos reducidos a simples fábricas de avales. Es una carrera donde todo se vale, en pos de controlar los presupuestos de departamentos y municipios y, en especial, la reina de las mermeladas, las regalías.
En los municipios se asienta la pirámide de poder, convirtiéndolos en un valioso botín electoral, el de las alianzas para controlar o disponer de las bases electorales locales. De allí los abrazos de Arturo Char e, indirectamente, del vicepresidente Vargas Lleras con Oneida Pinto en La Guajira, y los de Horacio Serpa con Carlos Bejarano, que carga decenas de señalamientos de ilegalidad, y los del “Equipo del cambio” —la dupleta de Nora García y David Barguil— a Milena Jaraba, esposa del señalado Yahir Acuña, para la Gobernación de Córdoba; se puede rematar con Francined Cano, el candidato a la Alcaldía de Buga del condenado y encarcelado Juan Carlos Martínez.
Estos son sólo ejemplos entre miles que aspiran a ser concejales, diputados, alcaldes o gobernadores en unas elecciones que, por su importancia para la democracia y los ciudadanos, deberían ser las más significativas y cuidadas por los partidos si estos fueran serios y responsables con su función pública, y no una máquina politiquera desacreditada y deslegitimada. La naturaleza de las elecciones locales, tan cercanas a los ciudadanos, deberían poner en escena a líderes locales reconocidos por sus obras y compromisos con sus comunidades, entre sus coterráneos. Hoy son lo contrario: un lodazal de ambiciones personales donde muere cualquier posibilidad de lograr avances y mejoras en las condiciones y la calidad de vida de los habitantes y electores de los territorios que los candidatos aspiran a gobernar.
El municipio es el epicentro, el escenario de vida de la gente, y ello le da una particular importancia a la elección popular de alcaldes y gobernadores, concebida para concretar y proyectar liderazgos fundamentados y darle cabida y responsabilidades a una participación seria y efectiva de los ciudadanos en sus destinos colectivos. La perversa dinámica política la capturó y la transformó en otra herramienta clientelista al servicio de intereses individuales nacionales. Como resultado, el ciudadano terminó políticamente marginado e imposibilitado para intervenir en la suerte de su comunidad, que en mucho se confunde con la suya propia. Triste y desesperanzador panorama en un momento clave para Colombia, cuando por fin la violencia política entre a formar parte del pasado.