NO HAY NADA MÁS ÍNTIMO Y PRIVADO que el momento de la muerte. Y por tanto la decisión sobre ese instante último de la existencia debe ser autónoma, personal y profundamente respetable. Y más cuando es el paciente, enfrentado al final irremediable de su vida y la ciencia ha agotado sus recursos, quien expresa su última voluntad sobre la manera como quiere enfrentar lo inevitable.
No todos los seres humanos tienen el coraje y la lucidez para pensar serenamente sobre su muerte. Y mucho menos el valor para expresar la decisión de formalizar sus intenciones, como lo posibilita la Fundación Derecho a Morir Dignamente, dejando por escrito instrucciones a la familia y a los médicos para que no insistan en prolongar artificialmente su vida y evitar un largo e innecesario deterioro y dolor físico. Una práctica civilizada y cada vez más generalizada y que permite expresar una última voluntad de obligatorio cumplimiento por médicos y parientes.
Los legisladores de la Comisión Primera del Senado acaban de interpretar esta realidad y darle vía libre, con once votos contra tres, a la reglamentación de la eutanasia como un derecho al que podrá acceder libremente cualquier persona. Hace once años la Corte Constitucional, con ponencia del entonces magistrado Carlos Gaviria, la despenalizó con una polémica sentencia, considerada entonces como de avanzada en el mundo entero.
Muchos médicos han actuado en consecuencia con el fallo y con respeto y consideración por los enfermos terminales han evitado un sufrimiento mayor, facilitando con sedantes un final de la existencia apacible y sin traumatismos, al que todo el mundo debería tener derecho. El nuevo proyecto del cual es ponente el senador Armando Benedetti, que está a consideración de la Plenaria del Senado, reglamenta esta práctica y deja explícito que es el enfermo quien puede decidir su final, sin que los familiares puedan intervenir.
Se trata finalmente de una decisión que corresponde al fuero interno de la persona. Avances indiscutibles en la aplicación de los derechos individuales que comprometen únicamente la consciencia personal, en el que la Iglesia no debía tener nada que decir.
Bastante trabajo tendría si se decidieran a ocuparse seriamente a la tarea imperativa de la reconstrucción moral de buena parte de la feligresía católica, mayoritaria en la sociedad colombiana, feligresía que “peca y reza” sin pudor, pues al tiempo que asiste fervorosamente a misa los domingos, se cuelga escapularios, Cristos y medallas con imágenes de la Virgen en el cuello, quebranta permanentemente los mandamientos de la ley divina.
La preocupación principal de la Iglesia debía estar en atajar el mal que anida rampante por los rincones del país y en las almas de los fieles, y no en oponerse a que personas desahuciadas decidan libremente irse de este mundo con la misma dignidad con la que vivieron, y que puedan hacerlo sin sumar más tristeza ni cargos de consciencia a su decisión final, respetando el derecho inalienable a morir en paz.