Cada año 20.000 jóvenes son re – clutados para prestar servicio militar en las diferentes guarniciones del país.
Son muchos los que terminan portando un fusil sin quererlo, en contravía de sus convicciones. De allí la fuerza que ha tomado el movimiento de objetores de conciencia que tiene presencia en 10 regiones del país y cuya voz llegó el año pasado a la Corte Constitucional y esta semana a la Comisión Primera de la Cámara de Representantes. La Corte decidió entonces que el objetor de conciencia, por la vía de la tutela, puede buscar el amparo de sus derechos, al tiempo que conminó al Congreso a regular esta opción personal. El debate legislativo apenas comienza.
Pero si se consultara a los jóvenes colombianos o se realizara una encuesta, la negativa a empuñar las armas sería arrasadora. Pero nadie les pregunta. Simplemente se les obliga a enrolarse a través de métodos coercitivos. En época de reclutamiento los persiguen, como en una verdadera cacería humana, llegan a sus lugares de reunión, en los parques y las filas de ingreso a los estadios, en los terminales de buses; cualquier esquina sirve para sorprender a muchachos entre los 18 y 28 años, con su situación militar sin resolver. Sobre todo aquellos de las zonas rurales y los más pobres en las ciudades, quienes desprotegidos y vulnerables, terminan sin remedio embarcados en el camión en el que inician el triste camino hacia el cuartel y la guerra. Gobernantes y legisladores adultos les definen su futuro, convirtiendo sus vidas en carne de cañón de un conflicto que no les pertenece, y sus sueños eclipsados o al menos aplazados.
Por esto son cada vez más quienes optan, a riesgo de castigos y calabozo y de tener que asumir la condición de remisos, la vía de la objeción de conciencia para defender por voluntad propia el Quinto mandamiento: No matarás. Amparados en el artículo 19 de la Constitución Nacional, que defiende el derecho a no actuar contra los dictados de la propia conciencia, se han organizado para no empuñar las armas contra sus convicciones. Un derecho que también la Comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas reconoce, al aceptar la objeción de conciencia al servicio militar obligatorio como una «forma legítima de ejercer el derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión”.
Se trata de sustituirlo por alternativas constructivas socialmente, como un servicio social obligatorio dirigido a trabajar con los más necesitados, en temas de salud, educación, conservación ambiental, atención de desastres naturales y humanitarios. Actividades que miles de jóvenes están dispuestos a cumplir con entusiasmo y vigor, como alternativa a disparar el fusil.
Aunque la causa de estos jóvenes se ha ido abriendo camino y ha encontrado eco en dirigentes como el magistrado Carlos Gaviria, expresidente de la Corte Constitucional, quien estuvo presente en la Cámara de Representantes defendiendo el fundamento constitucional de esta opción individual, el debate no será fácil en un país donde el gasto militar lleva años creciendo de manera exponencial sin que se vislumbren alternativas de solución al conflicto de décadas. Un país donde tristemente la vida humana tiene poco valor.