PROMETÍA SER LA MÁS NOBLE DE LAS elecciones, pero se convirtió en la más perversa. Prometía ser el camino de la renovación política impulsada desde la base social. Prometía ser un catalizador de la depuración y enriquecimiento de la vida democrática.
Pero no, después de más de 20 años de elección popular de alcaldes y gobernadores, son pocos los ejemplos de municipios que han logrado poner en su alcaldía a equipos de gobierno con capacidad para transformar sus realidades. Las excepciones se cuentan con los dedos de las manos, principalmente en ciudades grandes o medianas. Los pequeños municipios alejados de su capital permanecen sumidos en el atraso, aprisionados por la corrupción e impotentes ante la feriada de sus exiguos presupuestos públicos.
La corrupción e incompetencia de los alcaldes va de la mano con la de concejales y organismos de control, trenzados en oscuro contubernio con intereses particulares al ritmo diabólico de la arbitrariedad, el desgobierno, el abuso y el desorden en que se desenvuelve la vida cotidiana. Para el surgimiento de nuevos liderazgos, definitivamente la situación, antes que progresar, se ha deteriorado, especialmente en la Colombia rural.
Una de las peores herencias del paramilitarismo en sus zonas de influencia, además del desplazamiento y la danza de muerte, ha sido la destrucción institucional de los gobiernos municipales por la acción programada de los comandantes paramilitares para controlarlos y explotarlos por la intimidación y corrupción de alcaldías y gobernaciones, concejos y asambleas en las zonas donde ejercían como verdadero paraestado. Una estrategia concertada con aspirantes al Congreso, aliados para esquilmar las arcas regionales, desviar recursos para favorecerse, direccionando carreteras hacia sus propiedades, haciendo de los presupuestos de salud un botín, de las coimas de la contratación una fuente de riqueza y de los nombramientos, incluidos los puestos del magisterio, una bolsa personal de empleos y de pago de favores. Apoyado en todo ello, se consolidaron las estructuras paramilitares en las regiones. Estructuras desmontadas por el proceso de desmovilización, pero el daño a nivel territorial está ya hecho.
El resultado, pueblos caóticos y vergonzantes, muchos aún sin acueducto ni alcantarillado, ni cupos en las escuelas, con las redes sociales rotas, sin control ni autoridad. Instituciones debilitadas en manos de alcaldes que aprendieron a hacer del servicio público una forma de enriquecimiento para sí mismos y su círculo de favorecidos. Territorios y comunidades donde aún es amo y señor el plomo, la amenaza, la ley del más fuerte, la atarvanería. El caso de muchos municipios de la Costa norte de Colombia, donde el matrimonio de corrupción, politiquería y paramilitarismo se generalizó, es dramático y se expresa en el evidente deterioro en la calidad de vida de la gente. La realidad es desesperanzadora. La destrucción social y de los sueños y posibilidades es mayúscula y cierra horizontes. Se está hoy en manos de unas autoridades locales que aunque elegidas popularmente, nadie controla ni vigila. Un círculo vicioso bien difícil de romper.