Difícil un libro que despierte más indignación y vergüenza con la dirigencia colombiana que el testimonio de Don Berna sobre la cacería de Pablo Escobar: Así matamos al patrón, publicado por Icono Editores.
Con este episodio, uno de los momentos más humillantes e indignos de la historia nacional, se inició el derrumbe moral de las instituciones, en especial las de la justicia. Fueron pisoteados los paradigmas éticos que sustentan a la sociedad. Un deterioro que desde entonces sólo se profundiza.
Lo que cuenta Don Berna confirma lo que se sabía, aunque no se quisiera aceptar. Detalla cómo el gobierno de César Gaviria, acorralado y atemorizado por el poder destructor de Pablo Escobar, se alió, para eliminarlo, con delincuentes de grueso calibre —la cúpula del cartel de Cali y los hermanos Castaño— y lo hizo con el apoyo efectivo del gobierno estadounidense. Uno de los enlaces entre autoridades y delincuentes fue el propio Don Berna, narco y sicario de los duros (jefe de escoltas de los capos Moncada Galeano, miembro de la banda de sicarios de Las Terrazas y de la Oficina de Envigado), por medio del entonces mayor Danilo González con su doble juego con los narcos y el Gobierno. Según el relato de Don Berna, González tenía interlocución directa con el presidente Gaviria.
Confirma que esta alianza insólita para perseguir a Escobar, conocida como Los Pepes, es el origen de los paramilitares ya como organización, por decisión de Carlos Castaño, cuando éste, que recibió a Don Berna y a su hermano Semilla —según el libro, el autor del tiro de gracia a Escobar—, en su casa de El Poblado en Medellín y con “una copa de vino francés cosecha de 1948 en la mano”, les dijo: “Ahora que ha muerto Pablo debemos empezar una nueva lucha; será contra la guerrilla. Hay que construir una organización político-militar. Con los recursos, las armas, los contactos que nos quedan de la guerra contra Escobar, podemos empezar”.
Y así fue. La cacería a Escobar les había demostrado a los delincuentes que estaban frente a una dirigencia con el presidente a la cabeza, para la que todo valía, con un pragmatismo escandaloso, capaz de sacrificar las instituciones del Estado y la democracia a la hora de obtener resultados. Un comportamiento que les dio a los socios del Gobierno en el empeño de liquidar a Escobar, alas para fijarse ambiciosos propósitos: a los Rodríguez Orejuela intentar poner presidente de la República en la persona de Ernesto Samper Pizano, origen del Proceso 8.000, y a los Castaño para construir una organización paramilitar antisubversiva, pero no sólo eso, con la anuencia, cuando no complacencia, de una parte de la opinión pública y la discreta, permanente y eficaz colaboración de políticos, militares y funcionarios públicos. Los paramilitares así fortalecidos pondrían luego en jaque al Estado hasta forzar el cuestionado proceso de paz en el gobierno de Álvaro Uribe.
Las características e implicaciones de la cacería de Pablo Escobar golpearon la legitimidad de nuestras instituciones, en una crisis que no termina de resolverse. Al alma colombiana le dejó una herida que no cura, al legitimar los comportamientos por fuera de la ley, la ética y la simple decencia ciudadana, los cuales volvió normales y casi necesarios para lograr los objetivos personales, pero también los colectivos. Sin duda sembró la semilla del mal.