NO HAY DISCURSO POLÍTICO QUE NO plantee, desde hace años, la lucha contra la corrupción como prioritaria para el gobierno de turno.
Y no hay gobierno, hasta donde nos alcanza la memoria, que se haya salvado de los consabidos y hasta rutinarios escándalos. Ningún gobernante ha ido más allá de manifestar sus buenas intenciones, como si la corrupción, el aprovechamiento del poder público para beneficiar a pocos fuera connatural con su ejercicio.
La rabia ciudadana se acumula sorda con sabor de amargura y tristeza. En estos días ha aflorado, atizada por los inaceptables abusos de Agro Ingreso Seguro. Contraloría, Procuraduría, Fiscalía, Corte Suprema de Justicia, todas a una, han prendido las alarmas ciudadanas, éticas y democráticas frente a la ola de corrupción, que como un verdadero tsunami avanza desbocada. El índice anual de Transparencia Internacional así lo confirma: Colombia ha descendido seis puestos en comparación con el año pasado.
El nombre del juego se llama contratación pública. La entrevista que dio el empresario William Vélez a W Radio el pasado viernes fue reveladora. Quiso presentarse con la sencillez y desfachatez de un antioqueño desabrochado, hecho a pulso hasta lograr 40 años después de trabajar, trabajar y trabajar consolidar una fortuna respetable. Habló con naturalidad de su relación con la política, del apoyo económico a las campañas presidenciales y al referendo.
Su versión resultó poco creíble pero dio las claves de su éxito: su cercanía con los dispensadores y los favores del poder. Quedó claro que Vélez además de ser ya el zar del sector eléctrico avanza en el sector de infraestructura como socio de la más grande firma colombiana de ingeniería Opaín —la de Eldorado— y en el polémico y rentable negocio de basuras. Se propone ahora incursionar en las comunicaciones, como socio de Planeta en la pujar por el tercer canal de televisión. Su mayor experticia, sin duda, es saber contratar con el Estado. Su entrevista terminó convertida en un testimonio que permite comprender, casi que pedagógicamente, en qué consiste la captura del Estado por intereses privados.
Todo legal, con las cartas sobre la mesa y respetando las reglas de juego, pero soportado sobre una compleja red de relaciones claves que condicionan el resultado. El privilegio es aparentemente imperceptible. Se trata de un andamiaje formal donde particulares influyentes inciden decisivamente en la elaboración de las leyes, los decretos y las regulaciones, gracias a lo cual éstas les llevan el agua de la contratación a sus molinos.
La corrupción, de la mano del narcotráfico es el gran cáncer de la sociedad moderna. En Colombia y en el mundo. La captura del Estado puede llegar hasta su reconfiguración como en la Italia de Berlusconi. La política y lo público pueden terminar permeados por el crimen organizado, mafioso, de grupos armados de izquierda o de derecha, como ha ocurrido con el poder regional en lugares como Arauca, mangoneada por la guerrilla, o el Casanare y la Costa Atlántica, por la parapolítica. El escenario es aterrador y el resultado final además de los recortes y distorsiones de la vida democrática, es el de una mayor pobreza, atraso y violencia. Una sociedad sin dignidad ni futuro.