LA HISTORIA DE LAS PROPIEDADES incautadas a los narcotraficantes administradas por la Dirección Nacional de Estupefacientes (DNE) es una vergüenza.
Fue una verdadera piñata de cuello blanco. En el Valle del Cauca, por ejemplo, se dieron casos en que los beneficiarios de los bienes incautados a la mafia fueron los mismos finqueros que le habían vendido a precios millonarios sus predios cañeros o ganaderos a los mafiosos en los años noventa, cuando los capos del cartel de Cali y del norte del Valle compraron a su antojo las mejores tierras. A través de padrinos políticos o de contactos con el alto gobierno, los influyentes vallecaucanos consiguieron que la DNE los volviera depositarios de las fincas incautadas. El descaro fue tan mayúsculo, que en muchos casos las alquilaban a terceros para que otros las sembraran y terminaron así en una cómoda situación de rentistas por cuenta de bienes ajenos.
Inmejorables tierras que con la acostumbrada doble moral, familias tradicionales con apellidos de alcurnia les vendieron sus fincas heredadas a Pacho Herrera, Chepe Santacruz, Fanor Arizabaleta, a la gama completa de narcos de Cali y el norte del Valle. Con las propiedades urbanas ocurrió lo mismo. Abundan los ejemplos, como el de los Rodríguez Orejuela, quienes consolidaron la cadena de Drogas La Rebaja montados en la compra de una tradicional red de supermercados caleños, los Jotagómez, que le fueron vendidos por un reconocido personaje de la vida nacional. Así sucedió no sólo en el Valle del Cauca, sino en todo el país. Si se hurga un poco, lo que puede aparecer resultaría aberrante.
La presión sobre los narcos, acelerada por los escándalos del Proceso 8.000 y continuada en los posteriores gobiernos con un aumento de las extradiciones, convirtieron la DNE en un codiciado botín al ser el ente administrador o arrendadora de ricas propiedades incautadas a los narcos a las que accedían los amigos del gobierno, como se hizo evidente en el caso de los 14 congresistas conservadores, fundamentales para lograr las mayorías requeridas para el trámite de las leyes en el Congreso, pero sobre todo, para habilitar la reelección del presidente Uribe. Éstos, cuya suerte jurídica está en manos de la Corte Suprema, son sólo las primeras cabezas visibles de esta piñata.
La codicia, como a los banqueros de Wallstreet, los hizo caer. Abusaron no sólo de su poder como “la fuerza que decide”, sino que algunos de ellos se aprovecharon abiertamente de la cercanía regional y la amistad con el entonces director de la DNE, el excongresista nariñense Carlos Albornoz. Es el caso de Miryam Paredes, una verdadera baronesa electoral, con un impresionante control burocrático en los puestos del orden nacional, quien hizo toda su carrera política al lado de Albornoz. Este nariñense, quien ha pasado de agache en medio de la tempestad, será una pieza clave en la investigación que adelanta la Corte, quien cuenta con un valioso material probatorio.
En buena hora el Gobierno intervino la olla podrida de la DNE y ojalá vuelva pública la historia de lo que allí se dio, porque esta es una síntesis inequívoca del cinismo en que cayó parte de la dirigencia política y empresarial del país.