UNA DE LAS ARMAS DE LA SEGURIdad Democrática han sido las recompensas, estímulos económicos a informantes, desertores, “sapos y soplones” dentro de las filas, especialmente las guerrilleras, que lanzó el presidente Uribe como política de Estado en su primer acto de gobierno en Valledupar en las primeras horas del primer día como presidente en agosto de 2002.
Una política que apela a lo más bajo de la condición humana: la traición, la venganza, la cobardía, la codicia. En una palabra, los bajos instintos, en un contexto de descomposición ideológica y debilidad militar de la guerrilla.
Se ha visto de todo en estos seis años por cuenta de esta política. Lo último, fue el premio mayor al secuestrador Isaza, unido al generoso ofrecimiento presidencial de libertad y recompensas en dinero a los carceleros de los secuestrados en poder de las Farc, sin atenuantes ni siquiera de los delitos atroces que pudieran haber cometido. Hace parte de la tétrica galería, la banalidad con la que se premió con 5.000 millones de pesos a alias Rojas, por entregarse con la mano de su jefe Iván Ríos, como prueba del asesinato a mansalva que había cometido en las montañas del Oriente de Caldas. La otra cara de esta “generosidad oficial” es la presencia en cárceles de pueblos y ciudades, de gentes generalmente humildes, judicializadas por cuenta de los señalamientos de delatores, que por plata son capaces de inventar y de vender información, movidos a veces por viejas rencillas de orden personal, cobro de cuentas y retaliaciones, gentes a quienes les tomará años probar su inocencia.
El parte de victoria del Gobierno con su política, son los centenares de desmovilizados que han abandonado las filas guerrilleras, algunos de los cuales han aportado información para desmantelar núcleos guerrilleros e incluso llegarle a jefes como ha sido el caso de Raúl Reyes o el Negro Acacio. Ningún logro militar, por importante que sea, valida la institucionalización, desde la propia cúpula del Gobierno, del mensaje perverso y profundamente indigno y antiético de que el fin justifica los medios.
El presidente Uribe y el ministro Santos a la cabeza, de la mano del Fiscal Iguarán, no pueden estimular la degradación humana con la exaltación y premiación de comportamientos atroces, en aras de lograr resultados. Ese ejemplo desde lo alto tiene efectos impredecibles en el comportamiento social colectivo colombiano, de hecho ya muy disminuido en términos éticos y ciudadanos, que puede llevar a que el remedio resulte peor que la enfermedad. Las guerras, en su salvajismo e inhumanidad, también tienen reglas y el Estado está en la obligación de respetarlas y hacerlas respetar, aunque los contrincantes no lo hagan. En las guerras no todo vale.
La lógica maquiávelica completada por el razonamiento de que “el enemigo de mi enemigo es mi amigo”, engendró el monstruo de las mil cabezas del paramiltarismo. Y el mensaje supuestamente pedagógico que sustenta la piñata de premios por delaciones y entregas conlleva una confusión que valida y aun valora la ley de la jungla en la que la plata es el único móvil, el único valor de la existencia. Un razonamiento que debilita en vez de fortalecer y dignificar nuestra maltratada democracia. El sentido último de la confrontación bélica es lograr, al final del camino, construir un escenario de paz sustentado en la vigencia y el respeto de esos valores que hoy se están destruyendo desde las entrañas mismas del Estado.