SI ALGO QUEDÓ CLARO EN LA JORNAda de reflexión sobre la Ley de Justicia y Paz, convocada la semana pasada por el Centro Toledo para la Paz en Madrid, fue la barrera en que se convirtió para su aplicación la extradición de los 15 jefes paramilitares el año pasado. Las razones del Gobierno no convencen y la consecuencia resultó nefasta: nunca se conocerá la verdad de cientos de crímenes y masacres.
Se trató de una verdadera puñalada matrera a la posibilidad de que los miles de deudos de la violencia puedan esperar amanecer en paz y poder asir una historia que les pertenece. El juez de la Audiencia Española, Baltasar Garzón, comparte la misma inquietud y así lo reafirmó en el encuentro de Madrid: “No se puede anteponer un delito de narcotráfico contra uno de lesa humanidad. Una decisión, que debió tomar el Poder Judicial y no el Ejecutivo, para determinar si efectivamente los ‘paras’ seguían delinquiendo desde las cárceles”. Pero es más. Con los principales responsables y testigos ausentes será imposible conformar una Comisión de la Verdad, en lo que ha insistido el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Augusto Ibáñez. Y lo más grave, la extradición no le ha hecho ni cosquillas al narcotráfico que continúa campante, en manos de un crimen organizado que no se detiene y que genera nuevos violentos.
Basta entrar en contacto con las víctimas anónimas que malviven en el campo colombiano para entender en toda su magnitud el error, intencional o no, que se cometió. Con Mancuso, Don Berna, Macaco, Don Diego y compañía, silenciados y aislados en cárceles de alta seguridad norteamericanas se fue una verdad indispensable para la justicia y la reconciliación que las víctimas reclaman. Más que el castigo mismo, exigen que los victimarios reconozcan la inhumanidad de sus acciones y procedan a resarcir tanto daño causado. Cuando las víctimas se expresan, la confusión reinante sobre la Ley de Justicia y Paz comienza a aclararse. Por eso se extrañó su voz en el foro de Madrid. Hablan sin odio y con dignidad. No se dejan atrapar por el sentimiento de venganza, lejos del resentimiento y la necesidad de retaliación que se percibe en las posiciones de tanto vocero o intermediario que dice representarlas, de tanta opinión que proviene de quienes posiblemente no tienen muertos que lamentar. La crueldad y el dolor se han ido asentando como una costra en la memoria que no esconde otra cosa que la necesidad de luchar contra el olvido.
Estados Unidos y la lógica de su sistema judicial no son el escenario apropiado para avanzar en la dirección que el país necesita. A los norteamericanos les interesan los testigos, pero no las víctimas; los kilos de cocaína, pero no los colombianos desaparecidos en fosas comunes; las rutas del tráfico, pero no las muertes selectivas; las cuentas bancarias, pero no las parcelas abandonadas. Su moneda es la de la delación y el chantaje. El presidente Uribe olvidó que cualquier negocio con Estados Unidos es asunto de una sola vía, donde imperan sus intereses, su conveniencia, a cualquier costo. Y para estos efectos es igual Obama que Bush. Las urgencias del imperio mandan.