Recibí una comunicación del exsenador Charles Schultz Navarro, quien se identifica como abogado especializado-evangelista, en la que me solicita publicar el siguiente comentario en relación con la columna publicada con el título “El negocio de Dios”. Le cedo entonces este espacio al señor Schultz para que se conozcan sus opiniones. Esto dice:
“Usted consignó en el referido artículo titulado ‘El negocio de Dios’ su punto de vista sobre episodios que vinculan a algunos pastores con hechos delictivos, sobre los que fundamenta la forma como hace extensiva su incriminación contra la ‘Iglesia cristiana’ como un todo, pues al rematar su artículo afirma que ‘el Estado ha sido complaciente con estas iglesias… Especialmente en el gobierno Uribe’ por el hecho de que ‘por iniciativa del senador cristiano Charles Schultz’ se creó una instancia para ‘vigilar la eficacia en los trámites en materia de libertad religiosa, conciencia y culto’. Considero que usted incurre en su columna en una asociación desafortunada y prejuiciosa de aspectos bien diversos del fenómeno de la libertad religiosa, pues si bien algunos de los episodios delictivos imputados a algunos pastores pueden relacionarse con la actividad política de algunas iglesias —cada caso con sus concretas circunstancias particulares—, a partir de ahí no se puede hacer una reducción simplista en el análisis de un fenómeno tan complejo como es el universo de la Iglesia cristiana en Colombia, para dejar sugerido que es toda la Iglesia la que está incursa en delitos o bajo sospecha. Dejarle igualmente aclarado que participar en la promoción de iniciativas legislativas para el desarrollo de los nuevos valores y derechos fundamentales relacionados con la libertad e igualdad religiosa introducidos por la Constitución del 91 hace parte de un complot de la Iglesia para atentar contra los bienes jurídicos del Estado aconfesional, pluralista, democrático y social de derecho, carece completamente de objetividad.
Nótese que en el artículo usted no sólo señaló al suscrito —que participa en dicha iniciativa como abogado experto en el tratamiento jurídico de temas relacionados con la libertad religiosa en general— como un eslabón de la operación que denuncia la columnista como proveniente de ‘la Iglesia’, sino que desconoció que la mencionada iniciativa parlamentaria no se dirigió a preservar derechos exclusivos de la Iglesia cristiana evangélica, pues se refiere a todas las comunidades religiosas legalmente autorizadas para funcionar en el país, y desconoce igualmente que la gran mayoría de iglesias cristianas evangélicas en Colombia apenas subsisten precariamente”. Hasta allí la comunicación.
Adendum: La ira revanchista de los caciques conservadores encabezados por Roberto Gerlein, que en la convención parecía un pavo real derrotado, no puede lograr su cometido: atajar, a través de una leguleyada en el Consejo Nacional Electoral, el sentimiento que las voces conservadoras provenientes de provincia expresaron en la elección de Marta Lucía Ramírez como candidata presidencial azul. De imponerse los magistrados —la mayoría cercanos a los partidos de la coalición santista proclives a su reelección—, se terminaría creando un escenario similar al de Gustavo Petro frente a la sanción del procurador en el que Marta Lucía terminaría catapultada por la opinión pública, para lo cual ella debería desde ya ir pensando en su plan B para no dejarse derrotar antes de medirse en las urnas.