La aparición del hijo póstumo de Carlos Pizarro, un muchacho guapísimo de 23 años, su vivo retrato, sacude la memoria y los sentimientos.
Sus fotos publicadas en www.las2orillas.co testimonian la intolerancia que se apodera de Colombia cuando ha intentado abrir los espacios de la participación política a voces y opiniones diferentes, algunas provenientes de la rebeldía armada y opositoras a los tradicionales dueños del poder.
Pizarro era el candidato presidencial del recién desmovilizado M-19, que prometía llegar lejos por su carisma y el entusiasmo que había generado el acuerdo de paz firmado con el gobierno Barco en Santo Domingo (Cauca), en diciembre de 1989. No llevaba cuatro meses de actividad política en la legalidad cuando en abril fue asesinado, exactamente al mes del asesinato del candidato presidencial de la Unión Patriótica (UP), movimiento nacido de las pioneras negociaciones de paz de Belisario Betancur, el también carismático Bernardo Jaramillo Ossa, quien a su vez había reemplazado en la candidatura a Jaime Pardo Leal, igualmente asesinado. ¡Tres candidatos presidenciales, con iguales posiciones políticas, asesinados durante la misma campaña electoral!
Pero además de ellos fueron 1.598 dirigentes políticos locales y regionales de la UP asesinados para atajar a una opción electoral de izquierda que había mostrado su fuerza de opinión en los comicios de 1990, cuando eligió 9 senadores y 15 representantes, entre ellos al negociador en La Habana Iván Márquez, 14 diputados, 23 alcaldes y 352 concejales. Buena parte de los sobrevivientes se fueron al exilio o regresaron a las Farc. Los actuales dirigentes y negociadores en La Habana participaron o fueron testigos de este fallido proceso.
Razones de más para el escepticismo que rodea a las negociaciones. Y de ahí la importancia y las dificultades del segundo tema de discusión: la participación política y del tratamiento jurídico de los insurgentes al terminar el conflicto armado. Ahí se conocerá la capacidad política del gobierno Santos para abrir escenarios, no sólo para la dirigencia guerrillera, sino para que luego de lo acordado en La Habana se garanticen la participación, el debate y la refrendación ciudadana en el marco de una asamblea nacional constituyente, como piden las Farc.
El Gobierno va cauto, midiéndoles el pulso a la opinión pública y a sus opositores políticos. Este es el tema que de verdad divide al país. Los contradictores con el presidente Uribe a la cabeza son radicales y duros frente a la posibilidad de abrir compuertas políticas y no les ven más futuro a los guerrilleros desmovilizados, y en especial a sus jefes, que pagar sus crímenes en una cárcel y no participando en la vida política. Un tema espinoso de cuya solución depende el éxito de las negociaciones de La Habana y que pasa por validar los principios de la justicia transicional y las luces que brindan experiencias en otras latitudes. Son muchos los que sueñan, como ellos, con ver a los guerrilleros de las Farc en la cárcel y no en los espacios democráticos. Una visión sin realismo, que no permitirá salir de la pesadilla de la guerra para que algún día se pueda decir, como soñaba el asesinado Jaramillo: venga esa mano, país.