Pasada la euforia y los momentos de felicidad y orgullo que nos hizo sentir la selección de Pékerman en Brasil, es inevitable el aterrizaje forzoso en el lodazal de la politiquería nacional que, para empeorar nuestros males crónicos, ha contaminado las altas cortes y los órganos de control, donde no son pocos los que están más interesados en defender mezquinos intereses de grupo y beneficios personales, que en administrar justicia. Un secreto a voces que el exmagistrado Nilson Pinilla ventiló públicamente al terminar su período en la Corte Constitucional, cuando cuestionó públicamente el clientelismo de esos tribunales y señaló a sus colegas Jorge Pretel y Alberto Rojas, “que no se sabe si fallan en derecho o movidos por otra razón”.
En ese lodazal de la politiquería no sólo chapotean magistrados y el procurador Ordóñez. También el fiscal Montealegre, que no sólo ha metido baza en debates políticos como su contradictor ideológico (proceso de paz y justicia transicional, por ejemplo), lo cual les está prohibido, entre otros, por el artículo 1 del Acto Legislativo 2 de 2004, sino que ahora también anda trenzado en una lucha por ganar poder en la Rama Judicial y en la Contraloría, con el propósito de aplicar la ‘doble Nelson’: desvertebrar la rosca del intercambio de favores magistrados-procurador (“yo nombro a tus fichas y luego tú me eliges”), y armar la suya propia.
En esta lucha a varios asaltos, Montealegre ganó el primero con la elección de Gloria Stella Ortiz en reemplazo de Nilson Pinilla en la Corte Constitucional. El fiscal se aseguró de que su candidata llegara al cargo haciendo lobby con varios senadores, a lo cual ayudó también el propio presidente Santos, que ordenó a su bancada votar por ella, pues está interesado en ver minado el poder del procurador, enemigo declarado del proceso con las Farc. También triunfó el fiscal en el segundo asalto, pero esta vez por intermedio del Consejo de Estado, tribunal donde han ganado terreno sus amigos y los enemigos de los amigos de su contradictor. La victoria fue por cuenta del fallo a favor de la nulidad de las elecciones de Francisco Ricaurte en el Consejo Superior de la Judicatura (está pendiente la decisión sobre Pedro Munar, ambos del roscograma del procurador), y de Alberto Rojas en la Corte Constitucional, que le adeuda favores al inquisidor. Un duro golpe al poder de Ordóñez cuya reelección está demandada y sobre la cual debe pronunciarse en estos días el alto tribunal. De prevalecer la ponencia del consejero Alberto Yepes, presidente de la Sección Quinta, favorable a declarar su nulidad, significaría el fin del imperio del procurador Ordóñez. Mientras tanto, se desarrolla otro asalto: la elección del reemplazo de la contralora Sandra Morelli, quien pertenece a la cuerda del procurador y tiene una pelea casada con el fiscal por el caso Saludcoop. Montealegre quiere poner a su reemplazo y para lograrlo se ha movido en forma tan habilidosa entre los padrinos políticos de los candidatos que, según conocedores de esos intríngulis, no importa quién salga elegido, gana el fiscal.
Un panorama vergonzoso, desmoralizador. Jueces que deberían ser la autoridad máxima en la aplicación de la Constitución y las leyes, y ejemplo de conductas ajustadas a los más altos estándares éticos, resultan tan presionables, clientelistas y “tocables” como la mayoría de los políticos. Jueces que renuncian a la autonomía para entrar en el juego del intercambio de favores, del tráfico de influencias, del reparto de cuotas de poder; que trapean con la ética y la moral, y así deslegitiman las instituciones y erosionan la credibilidad y la confianza del ciudadano en ellas. Jueces que hacen de la ‘cosa pública’, la ‘cosa nostra’.