EL PULSO QUE LIBRAN LA CORTE SUprema y el Gobierno por la extradición de narcoparamilitares abrió la semana pasada un nuevo capítulo.
Sí pero no, le dijo el alto tribunal a la audiencia que le pidió el Presidente. Sí a dialogar, pero no a discutir las razones por las cuales el alto tribunal ha negado la extradición de varios de ellos. Tampoco querrá debatir la reciente y peregrina teoría presidencial según la cual el narcotráfico debería ser considerado delito de lesa humanidad.
El actual gobierno ostenta el récord en materia de extradiciones a los Estados Unidos: ha exportado 1.149 de los 1.482 colombianos que son o han sido procesados allí desde 1984 por narcotráfico, entre ellos los guerrilleros Simón Trinidad y Sonia y 14 cabecillas de las Auc. Es una forma de afianzar su alianza con Washington.
La Corte, sin embargo, no cree que haya que extraditar como quien peluquea bobos para demostrar el compromiso con la lucha antinarcóticos. Si bien juzga útil el mecanismo, considera que tiene límites y que narcoparamilitares comprometidos en delitos de lesa humanidad cometidos en Colombia, que han dejado miles de víctimas colombianas, deben responder por ellos ante la justicia colombiana.
Los delitos atroces son mucho más graves que los de narcotráfico. Esos pueden esperar para ser juzgados, dice la Corte, que juzga prioritario defender y proteger los derechos de las víctimas. Basado en estas consideraciones, el alto tribunal, que antes condicionó algunas extradiciones e hizo llamados que el Gobierno ignoró, negó recientemente las de tres poderosos narcoparamilitares.
Si bien la extradición es discrecional del Presidente, es la Corte la que debe definir el criterio jurídico. Y las consecuencias de la extradición de 14 cabecillas de las Auc en mayo de 2008 le dan razones de sobra al giro que ha dado: entrabaron el proceso de Justicia y Paz por la dificultad de acceso de jueces y fiscales a los jefes ‘paras’ extraditados, convirtieron a los Estados Unidos en agente directo del proceso y desconocieron los derechos de las víctimas y los compromisos del Estado con tratados internacionales de lucha contra la impunidad de crímenes atroces.
Han sido tantas las dificultades que han encontrado las autoridades colombianas para seguir adelante con los procesos que involucran a Mancuso, Jorge 40 y compañía, que hasta el embajador Brownfield acepta que su gobierno debe revisar los mecanismos de cooperación. Y algo debe estarle corriendo pierna arriba al Gobierno para que, por medio del Ministro del Interior y de Justicia, le haya enviado una carta al Fiscal gringo en la que pide hacer algo para destrabar casos que involucran a las cabecillas de las Auc, y rebaja de penas para los que colaboren con la justicia colombiana.
Los hechos le están dando la razón a la Corte Suprema. Bien por ella que, contra viento y marea, quiere resolver la perniciosa confusión entre lo jurídico y lo político, y recuperar para la extradición —convertida en herramienta de negociación política— su condición original de instrumento de cooperación en la lucha contra delitos transnacionales como el narcotráfico. Bien por la Corte, que defiende los derechos de las víctimas y que ha demostrado con sus investigaciones que el Estado colombiano es capaz de administrar justicia y de contribuir a develar los detalles del siniestro pacto que fraguaron paramilitares, políticos, empresarios y miembros de la Fuerza Pública para “refundar” la patria.