Si nada extraordinario sucede, el próximo miércoles se habrá producido la liberación de los militares Luis Alfonso Beltrán, Luis Arturo Arcia, Róbinson Salcedo y Luis Alfredo Moreno, y de los policías Carlos José Duarte, César Augusto Lasso, Jorge Trujillo, Jorge Humberto Romero, José Libardo Forero y Wilson Rojas, que llevan más de 10 años en poder de las Farc.
Las Farc habrán cumplido con el anuncio que hicieron en una carta pública conocida el 26 de febrero y se cerrará así un trágico capítulo que duró más de 15 años. Un capítulo más de una confrontación de décadas que estaría entrando en una etapa que podría conducir a la mesa de negociación.
Es una señal a la que se suman la decisión de poner fin al secuestro extorsivo y el mensaje de que “no caben más largas a la posibilidad de entablar conversaciones (…) porque la prolongación indefinida de la guerra (…) traerá consigo más muerte y destrucción (…). Por su parte, el Gobierno estaría apuntado en la misma dirección con el llamado ‘Marco legal para la paz’, cuyo objetivo es consolidar instrumentos de justicia transicional para desmovilizaciones de grupos armados en el marco de acuerdos, y los reiterados mensajes del presidente Santos en el sentido de que tiene la llave de la paz en el bolsillo y de que está dispuesto a jugarse por ella.
Son señales alentadoras pero no contundentes que, además, se dan en medio de un clima político y social adverso a la negociación. No existe un consenso mínimo en la sociedad sobre la necesidad de emprender un proceso de esa naturaleza, ni tampoco hay evidencia suficiente sobre la voluntad de las partes para hacerlo. Sin embargo, no hay que desestimar esos gestos y mucho menos renunciar a la posibilidad de poner fin a la guerra por la vía de un acuerdo.
No podemos seguir resignados a sobrevivir y resistir en una guerra sin sentido, a permanecer indefinidamente inmersos en un conflicto que solo deja muerte y pobreza, despojo y ruinas. No podemos seguir siendo solo espectadores o víctimas. No podemos dejarnos seducir por los cantos de sirena de quienes creen que aniquilar a la guerrilla es posible, que negociar es rendirse, entregarse, doblegarse. No podemos persistir en la irracionalidad de la guerra.
La guerrilla está derrotada estratégicamente en lo militar y en lo político, gracias en buena parte a la política del gobierno Uribe y a la presión militar del actual gobierno, que no ha bajado la guardia pese a lo que dicen los arúspices de la hecatombe. La guerra no es el camino, pero para avanzar en el tejido de la paz no solo se necesitan hechos concretos y la decisión de gobierno y guerrilla de buscar salidas en una mesa de negociación, sino también —y en especial— el apoyo y el concurso activo de la sociedad. Una de las grandes lecciones que dejó el Caguán es que la paz no se construye en la mesa de diálogo, que la negociación es solo una parte del proceso, pues como señala el experto internacional en resolución de conflictos Kristian Herbolzheimer, “los que llegan a la mesa son los mismos que han hecho la guerra, los mismos que han querido imponer su voluntad con la fuerza…” (Razónpública.com).
Mucho más hay que hacer por fuera de la mesa de diálogo. Deberíamos invertir la indignación y el rechazo a la violencia en la construcción de espacios para la convivencia, en presionar y exigir el fin de la guerra. No es fácil porque hay sectores muy poderosos —armados y desarmados— que se oponen a la negociación y favorecen la guerra, y porque la coca y la explotación minera ilegal con que se financia la guerrilla contribuyen a prolongarla. Pero tampoco es imposible y esa la audaz apuesta de Santos. ¿Estamos dispuestos a secundarla?