Las reacciones al fallo del Tribunal Superior de Bogotá, que ratifica la condena contra el coronel Plazas Vega por la desaparición de dos de los once sobrevivientes de la tragedia del Palacio de Justicia, evidencian una vez más la sensibilidad que despierta el caso y la dificultad para analizarlo sin apasionamiento.
Dos puntos en especial han levantado ampolla: la petición a la Corte Penal Internacional (CPI) para que evalúe la posibilidad de investigar al expresidente Belisario Betancur, y la conminación al Ejército para que, antes de tres meses, haga un acto público de contrición.
En cuanto al primer punto, numerosos expertos coinciden en que excede la competencia del Tribunal por varias razones. Primera, porque la jurisdicción de la CPI no es retroactiva: sólo puede conocer de crímenes cometidos después de la entrada en vigencia del Estatuto de Roma o de su ratificación por parte de los Estados, lo cual hizo Colombia en agosto de 2002, 17 años después de los hechos. Segunda, porque la CPI es complementaria de los tribunales nacionales, que tienen prioridad en la investigación y enjuiciamiento de los crímenes cometidos en su jurisdicción: la toma del Palacio de Justicia y la presunta responsabilidad del presidente Betancur en los hechos posteriores han sido investigados por autoridades nacionales que han fallado al respecto. Betancur, a quien el M-19 pretendía someter a juicio, asumió públicamente la responsabilidad política por las acciones para recuperar el Palacio (excesivas y sin contemplaciones, porque el objetivo de la Fuerza Pública era “fumigar” a los guerrilleros antes que salvar las vidas de los magistrados de la Corte Suprema, el Consejo de Estado y el personal de servicio) y ha declarado ante diferentes instancias las veces que ha sido requerido. Que muchos estén en desacuerdo con las decisiones, es otra cosa. Tercera, porque el Ejecutivo —no el Tribunal— sería el competente para la remisión del caso. Pero además de las razones mencionadas, resulta un contrasentido que el Tribunal que ratifica la condena a Plazas Vegas, es decir, que toma decisiones judiciales, haga la petición a la CPI con el argumento de la inoperancia de la justicia.
Pero es la conminación al Ejército para que pida perdón público por “los delitos ejecutados los días 6 y 7 de noviembre de 1985” la que más controversia ha generado, pues constituye la extensión del fallo de un caso individual por hechos posteriores a la toma, a toda una institución por la toma misma, lo cual, independientemente de su sustento, ha enrarecido el clima de opinión y polariza aún más el debate sobre el fuero y la reforma de la Justicia Penal Militar.
La reacción del presidente Santos, que al mejor estilo de su antecesor cuestionó la decisión del Tribunal Superior de Bogotá y en nombre de Colombia pidió perdón al expresidente Betancur y al Ejército (“más bien nosotros le pedimos perdón al Ejército por no haber sido lo suficientemente enfáticos en la gratitud que sentimos por todos nuestros soldados”), contrasta con la del propio Betancur, quien se mostró respetuoso del fallo y rompe una vez más su promesa de acatar las decisiones judiciales. Santos envía un mal mensaje y crea una falsa disyuntiva: o estar con el Ejército o estar del lado de la justicia. Símbolo de la unidad de la nación no puede contribuir a la fractura de una sociedad que se resiste a entender que la legitimidad de sus Fuerzas Militares depende de que, aun en la guerra, sus actuaciones deben ajustarse a las normas.
El fallo del Tribunal evidencia que siguen abiertas las heridas de una tragedia que ocurrió hace más de medio siglo. Y seguirán abiertas mientras haya desaparecidos y víctimas que reclamen justicia y verdad, y mientras los colombianos no lleguemos a un consenso sobre la necesidad de avanzar en la búsqueda de la verdad, pase lo que pase.