Por fin le llegó la hora al exsenador Iván Moreno Rojas, el poder detrás del trono de la alcaldía de su hermano Samuel, el hombre que hizo del IDU su fortín burocrático y el centro de la empresa criminal que se tomó la administración de Bogotá entre 2008 y 2011.
Le llegó la hora de pagar por su papel en el llamado carrusel de la contratación, el gigantesco desfalco a las arcas de la capital: 14 años de cárcel, según fallo de la Corte Suprema, pero le quedan tres investigaciones abiertas por posible enriquecimiento ilícito y concierto para delinquir.
Por su parte, Samuel, detenido hace tres años, ya fue acusado ante la Corte Suprema por cohecho propio e interés indebido en la celebración de contratos, pero el juicio está pendiente debido a maniobras dilatorias de sus abogados, y está pendiente el fallo de la Procuraduría por “falta gravísima” en la cesión de un contrato. Par de joyas los hermanos Moreno Rojas.
La historia familiar está manchada por la corrupción; sus huellas pueden rastrearse desde la dictadura del abuelo, el general Gustavo Rojas Pinilla (1953-1957). En enero de 1956, la revista Time cuestiona la largueza del general con los militares de alta graduación que hacen negocios y cobran comisiones en las compras para el Ejército, y la laxitud consigo mismo, porque participa en negocios que pasan por la Presidencia, y por el fácil acceso a créditos, gracias a que fichas suyas ocupan cargos claves en algunos bancos. Meses después, la revista le dedica la carátula que titula “Presidente próspero”, y atribuye su veloz enriquecimiento a negocios indebidos, como el remate del ingenio Berástegui por $1,7 millones, pero avaluado en $8 millones, y él como único postor, y la adquisición de una hacienda sin pagar un peso, porque le vende la mitad menos valiosa a una entidad oficial, por el millón de pesos que cuesta toda la propiedad.
Luego de ser derrocado (10 de mayo de 1957), la prensa, libre de censura, empieza a destapar los negocios turbios de Rojas. Por ejemplo, en El Independiente —creado para sustituir a El Espectador luego de ser clausurado por la dictadura—, Gabriel Cano Villegas escribe un artículo, “El presidente negociante”, que revela cómo el general se ha llenado los bolsillos en forma indebida, y anticipa casos que luego incluye el informe de una comisión especial creada para investigarlo, que lleva a la Comisión de Acusaciones a abrirle investigación formal por abuso de autoridad, concusión e indignidad por mala conducta, y a acusarlo luego ante el Senado.
Entre los hallazgos, el insólito aumento del patrimonio del general y su esposa, y el de sus hijos Gustavo, María Eugenia y Carlos, entre 1952 y 1956, y la constitución de la sociedad De Patiño Ltda. —su esposa e hijos como accionistas—, que poco después compra tres haciendas mediante préstamo de la Caja Agraria obtenido por presión al gerente. A esto, la prensa suma denuncias por créditos de otros bancos también conseguidos por presión, compra de más fincas, comisiones por contratos, como el de Lewis Construction Company con el ICT, por el cual tres abogados, entre ellos Samuel Moreno Díaz, yerno del general, reciben 7% de comisión, y acusaciones contra María Eugenia, la Evita del régimen, por malos manejos en Sendas, y contra su esposo Samuel por tráfico de influencias y contrabando de café.
El 2 de abril de 1959, el general Rojas es declarado indigno por mala conducta en el ejercicio del cargo. Es decir, por abusar de su posición para obtener créditos bancarios para sí y para otros, y para enriquecerse en forma indebida. Hoy sus dos nietos están acusados por corrupción. “Lo que se hereda no se hurta”. Se hurtan los dineros públicos.