De tanto en tanto y como prueba de que en la lucha contra las drogas las victorias son pírricas, la legalización asoma las orejas.
Hace una semana y como aperitivo de su visita a Gran Bretaña, en una entrevista al semanario The Observer, el presidente Santos la puso de nuevo sobre el tapete, pero lo hizo con mucha cautela, como gato entre cristales, supeditándola al consenso mundial. Días después, el ministro Vargas Lleras reiteró esa posición ante la Cámara de los Lores en Londres.
Sí, es cierto que legalizar es políticamente imposible sin consenso, pero no entiendo por qué Santos se muestra tan cauto y descarta la posibilidad de liderar el debate sobre la política antidroga ante las entidades internacionales. Tiene la autoridad para hacerlo, pues Colombia, a cambio de ayuda, ha seguido al pie de la letra el manual prohibicionista trazado por Washington y por ello hemos pagado un escandaloso y gigantesco costo en vidas, corrupción, violencia, daño ambiental y desestabilización política. Y lo seguimos pagando: mientras Vargas Lleras hacía su exposición en el parlamento británico, aquí conocimos un informe de Indepaz que revela que las bacrim, maquinarias de guerra dedicadas al narcotráfico, hacen presencia y tienen influencia en 347 de los 1.102 municipios del país.
Al presidente le sobran argumentos para promover una discusión que ya no es tabú ni causa excomuniones. No sería una voz en el desierto, pues cada vez es más grande el coro de voces que consideran un fracaso la estrategia diseñada y exportada por los Estados Unidos a los países productores y de tránsito de droga. Una de ellas es la ‘Comisión Mundial sobre la política contra las drogas’, que en junio pasado publicó un informe basado en cifras que demuestran que la prohibición no disminuye el consumo y convierte el narcotráfico en un negocio que genera mafias y mercados negros, corrupción y violencia, y propuso un cambio de enfoque para proteger la salud y la seguridad de la gente y minar el poder del crimen organizado.
Sin embargo, la abrumadora evidencia del fracaso no se ha traducido en un cambio de la política de la Casa Blanca. Pese a que el presidente Obama reconoce que el debate es legítimo, su administración no ha pasado de la retórica a los hechos, como lo demuestra la distribución de los recursos destinados este año a los distintos programas: 10 mil millones de dólares para los orientados al castigo y sólo 5,6 mil millones para prevención y tratamiento. La estrategia prohibicionista sigue prevaleciendo y con ella las principales beneficiadas son las mafias. Mientras tanto, países como Colombia —y México— pagan los platos ratos. Las organizaciones del narcotráfico —principal combustible del conflicto armado— extienden sus tentáculos en la política mediante alianzas perversas, permean las instituciones, corrompen funcionarios, controlan administraciones locales…
Por ahora no hay terreno suficientemente abonado para la legalización, pero hay ambiente para un debate que apunta a la búsqueda de caminos intermedios, a poner en práctica fórmulas que algunos países han ensayado con éxito y que si bien no eliminan el problema contribuirían a disminuir los problemas asociados con el consumo, a diezmar el poder de las mafias y a mejorar las condiciones de seguridad. ¿Por qué Colombia no busca otros aliados y mira en otras direcciones? Contrario al “¿por qué no te callas?” que el rey Juan Carlos le reclamó airado al presidente Chávez en la cumbre de jefes de Estado en Chile (2007), habría que preguntarle al presidente Santos: ¿Por qué no hablas duro? ¿Por qué no te haces oír?