Escogió el 1º de noviembre para morir. En seis días, Brittany Maynard, de 29 años, habrá muerto por voluntad propia, en su casa, bajo supervisión médica y rodeada de su familia.
Así lo decidió hace meses, cuando le fue diagnosticado un cáncer incurable y su vida dio un vuelco dramático. Canceló el plan de tener hijos, rechazó la posibilidad de someterse a cuidados paliativos en la fase final de la enfermedad y se trasladó con su esposo a vivir en Portland, capital del estado de Oregon, donde la eutanasia activa o suicidio asistido es legal*.
Brittany hizo pública su historia hace pocos días en una entrevista en televisión y en un video para una campaña en defensa del derecho a la muerte digna, que se volvió viral en Youtube, en el que relata cómo ha planificado el momento de su muerte y muestra los medicamentos que la ayudarán a bien morir. “Espero estar rodeada por mi familia —dice—. Moriré en casa, en la cama que comparto con mi marido, y me marcharé en paz, con la música que me gusta sonando de fondo”.
El caso ha conmovido a la opinión y añade un nuevo capítulo al debate sobre la eutanasia y su variante activa, el suicidio asistido, práctica que, salvo en Bélgica, Holanda, Luxemburgo, Suiza y en cuatro estados de los EE.UU., está prohibida en el resto del mundo. Un debate que, curiosamente, hace un año también acaparó titulares cuando dos famosos personajes, el teólogo suizo Hans Küng y el físico británico Stephen Hawking, ambos afectados por enfermedades degenerativas, hicieron pública defensa del derecho de los seres humanos a decidir sobre su muerte en caso de enfermedad terminal, dolores insoportables o enfermedad degenerativa irreversible o sin esperanza de seguir llevando lo que consideran que es una existencia digna. Brittany —tal vez de familia protestante—, el católico Küng y el ateo Hawking, cada uno desde su experiencia, creencias y conocimientos, defienden ese derecho.
La discusión que plantean es, entonces, sobre la eutanasia activa en su variante de suicidio asistido (el médico suministra los fármacos letales y el paciente decide cuándo tomarlos) y no sobre la llamada eutanasia pasiva, práctica que no despierta mayores reparos legales, éticos o médicos. Un debate que nace muerto en Colombia, donde ni siquiera el homicidio por piedad ha sido reglamentado, pese a que fue despenalizado por la Corte Constitucional en 1997, al reconocer que nadie puede estar condenado a prolongar su vida en contra de su voluntad. Varios proyectos para regular la eutanasia y la asistencia al suicidio han naufragado en el Congreso, entre ellos el que presentó el senador Armando Benedetti en 2012, que recibió cristiana sepultura en el segundo debate en el Senado.
Nada que hacer. Han sido más fuertes el lobby de la Iglesia y las presiones del procurador Ordóñez, de los sectores más conservadores y de la industria farmacéutica, que la sentencia de la Corte Constitucional que exhorta al Congreso a reglamentar la eutanasia en “el menor tiempo posible”. Han pasado 17 años y todo lo que huele a eutanasia ha muerto en forma indigna y sin piedad. Ni hablar, entonces, de suicidio asistido. La Constitución, que reconoce la libertad de conciencia, de cultos y de creencias religiosas, y los diferentes modos de entender la ética y la moral, es letra muerta ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.