También hay rabia porque haya sido precisamente esa persona a quien el azar haya escogido para morir así. Pero es una rabia sin blanco preciso. No está dirigida a nadie en particular –salvo a dios, si es que algún día creyeron en él. Por eso, es una rabia que pronto se calma para convertirse en impotencia, y luego en resignación, en aceptación de lo incontrolable que, por ende, parece inevitable.
Ese dolor me recuerda el de las víctimas de desplazamiento forzado en Colombia. Con frecuencia, los desplazados también ven lo que les ha ocurrido como algo inevitable, como el resultado azaroso de fuerzas fuera del control humano como La Violencia o el Conflicto Armado –concebidos así, con mayúsculas, como fenómenos objetivos que parecieran no involucrar la responsabilidad de personas e instituciones concretas—. Si bien sienten rabia por su situación, no la dirigen contra los responsables de su crimen, y entonces tienden a resignarse más que a indignarse, a sentir impotencia en lugar de injusticia y a buscar ayuda para sobrevivir en vez de exigir justicia por el daño sufrido. Y ello aunque, en su caso, su dolor sí ha sido causado por personas determinadas que tuvieron el propósito de cometer el crimen, y se hizo posible porque instituciones concretas no impidieron que este ocurriera ni han hecho nada para repararlo.
Esta forma de concebir el sufrimiento de los desplazados es en buena medida el resultado de la política pública en este campo, que se ha caracterizado por tratarlos como sobrevivientes del conflicto armado mas no como víctimas de un crimen allí cometido. Así, se enfoca en los servicios de asistencia humanitaria y atención social, e ignora por completo sus derechos a conocer la verdad sobre su crimen, a que los responsables sean castigados y a recibir reparación por los daños sufridos. Aunque esta situación ha cambiado sustancialmente en el plano normativo gracias a la intervención de la Corte Constitucional, muchos funcionarios públicos aún siguen ignorando la condición de víctimas de los desplazados, no les informan sobre sus derechos, y en muchos casos los tratan, en palabras de los desplazados, como si les estuvieran haciendo un favor.
De esa forma, los desplazados son vistos como si fueran sobrevivientes de un desastre natural. Este tratamiento es bastante funcional para mantener su situación de vulnerabilidad y exclusión y, con ella, el poder económico que se ha construido o fortalecido a costa suya. Si como resultado de este trato los desplazados terminan pensando que su situación es producto de fuerzas ajenas a la responsabilidad humana y que es mera coincidencia que hayan sido ellos y no otros los expulsados de sus tierras, entonces tenderán a naturalizar esa situación, es decir, a creer que no podría ser distinta, a no percibir la grave injusticia que implica y, en consecuencia, a abstenerse de reclamar activamente su transformación.
Quizás esa sea una de las razones por las cuales, a pesar de ser tantos y de encontrarse en condiciones tan difíciles, los desplazados no se hayan organizado todavía masivamente para exigir la protección de sus derechos, la devolución de sus tierras y la sanción de los responsables de su sufrimiento. Así, enfrentan su destino como los familiares de un enfermo terminal, a pesar de que, en su caso, ese destino hubiera podido ser muy distinto si otras personas iguales a ellos no hubieran dispuesto arbitrariamente de sus propiedades y vidas, si las instituciones que debían protegerlos no hubieran permanecido inmóviles mientras lo hacían, y si el resto de la sociedad no hubiera sido tan indolente frente a su tragedia.
* Estudiante de doctorado de la Universidad de Columbia, e investigadora asociada de DeJuSticia.