Es el nombre del recién lanzado informe de la organización no gubernamental holandesa Pax sobre la responsabilidad que les puede caber a las empresas multinacionales carboneras —la estadounidense Drummond y, en menor medida, a Prodeco, subsidiaria de la suiza Glencore— en la masiva violación de derechos humanos perpetrada por los paramilitares en los municipios mineros del Cesar entre 1996 y 2006.
Pax (la misma antigua Pax Christi, con una larga historia de activismo en favor de la paz en Colombia) busca desatar en Europa un debate sobre la ética de comprarles carbón a empresas con cuestionados récords en derechos humanos. Se les señala de haber financiado y buscado la protección ilegal del frente ‘Juan Andrés Álvarez’ de las autodefensas de Jorge 40, frente al acoso y al sabotaje de las guerrillas de las Farc y el Eln. Este frente paramilitar asesinó a 425 personas, entre ellas a tres líderes sindicales de las carboneras; desapareció a otras 215 y forzó al desplazamiento a más de 800 familias, según lo que han podido comprobar, con nombre y apellido, los fiscales de Justicia y Paz. Los familiares de los sindicalistas muertos y los de otras muchas víctimas han demandado a la Drummond en tribunales estadounidenses, donde hasta ahora no han tenido éxito. Esta empresa ha sostenido enérgicamente que nunca tuvo vínculo alguno con grupos armados y dice haber desvirtuado estas denuncias.
Más allá de la responsabilidad judicial que les pueda o no caber frente a la tragedia humanitaria que causaron los paramilitares en la región minera del Cesar, el informe de Pax cuestiona algo más de fondo: “No encontramos ninguna indicación de que las empresas mineras urgieran en esa época al gobierno colombiano para que tomara medidas tendientes a prevenir las graves violaciones de los derechos humanos en la región”, dice.
Además, anota la investigación, estas empresas terminaron beneficiándose de la violencia paramilitar de manera indirecta. El asesinato y amedrentamiento de los sindicalistas debilitó su capacidad de exigir mejores condiciones laborales. Y la violencia silenció voces críticas de las comunidades frente a su pobre desempeño en materia social, y las graves afectaciones al medio ambiente y a la salud de los habitantes que estaban causando sus operaciones. Sin quién se atreviera a defenderlos, los habitantes de Plan Bonito, por ejemplo, quedaron atrapados entre minas, respirando un aire cargado de partículas tóxicas y tomando agua contaminada.
Las carboneras podrían alegar que es fácil exigirles heroísmo en retrospectiva, cuando en el momento sus directivos apenas si podían ir en carros blindados a sus oficinas de Valledupar, y a quien denunciara, lo mataban sin chistar. También que tenían tarea suficiente con seguir produciendo carbón, arreglándoselas para sobrevivir en un entorno particularmente hostil.
Es precisamente de esa miopía política y social de la que los responsabiliza Pax. En circunstancias tan críticas para las comunidades de su entorno, ellos eran los únicos con el poder y el peso internacional suficientes para haberlas protegido. Es más, esa posición ética les hubiera resultado más beneficiosa en el largo plazo. Un trabajo social amplio con las comunidades, una buena relación con los mejores ciudadanos locales —valientes líderes comunales, periodistas y funcionarios públicos que estaban denunciando las atrocidades— los habrían blindado mucho mejor frente al acoso guerrillero y frente al voraz paramilitarismo vestido de intenciones ideológicas.
La esperanza es que este informe y el debate que suscite lleven a que no se repita la historia, ante las nuevas amenazas de seguridad que se ciernen sobre ellos, con el creciente poder de bandas criminales que buscan sacar tajada de la riqueza que deja el carbón en la región.