Los mapas de riesgo electoral de la Misión de Observación Electoral y su equipo académico de respaldo traen una conclusión optimista para las elecciones de octubre 30: de los 429 municipios que estaban en riesgo por violencia y por anomalías e irregularidades electorales en las pasadas elecciones locales de 2007, bajamos a 241 esta vez. Es decir, bajaron las probabilidades de fraude a casi la mitad.
Mirados con detenimiento los resultados son, sin embargo, deprimentes. Hay 41 municipios más en la lista de riesgo frente a 2010. Y el número en riesgo extremo —por violencia y por posible fraude electoral— está estancado alrededor de 70 desde 2007.
Más sombrío aún es que en toda la campaña electoral de 2007 hubo 90 actos de violencia contra candidatos o funcionarios electorales y en ésta, que apenas arranca, ya ha habido, a corte de 28 de julio, 131 ataques. Y otro hallazgo perturbador es que en estas elecciones hay riesgo de que haya trampa en las elecciones en 544 municipios, esto es, en la mitad del territorio nacional.
Estos datos revelan que la democracia colombiana es una fachada sin fondo, un triste remedo electoral que blanquea dudosos capitales políticos.
Y entonces me pregunto: ¿Fueron en vano los esfuerzos de la Fuerza Pública, con una gran cuota de sufrimiento, para recuperar el territorio de las manos de los violentos? ¿Fue inútil el coraje de la Sala Penal de la Corte que ha mandado a la cárcel a una treintena de congresistas y sigue investigando a otro medio centenar? ¿Infructífero el arrojo de la MOE y sus valientes líderes que hacen visibles los males de la política nacional? ¿Qué falla?
Los analistas de la MOE dicen que son responsables los partidos políticos, pues sus prístinos dirigentes en Bogotá siguen dándoles avales a los pillos del erario. El Gobierno dice que es el narcotráfico, madre de las violencias, financiador de toda corrupción. Tienen razón, eso explica en parte por qué nuestra democracia no sale del pantano. Pero, a mi juicio, lo más dañino es la moneda con la que los gobiernos nacionales siguen comprando la gobernabilidad y que consiste en estimular, proteger y transar con lo peor de los liderazgos locales. Con semejante respaldo desde arriba consiguen cuotas, contratos y concesiones que les dan el dinero y el poder para ganar elecciones, intimidar al que se les atraviese, comprar jueces, aliarse con los diablos de turno y aprovechar cualquier oportunidad para incrementar sus capitales financieros y políticos.
Por eso todo lo que tejen de día los que trabajan con ahínco para volver legítima y verdadera a la democracia colombiana, lo desteje el alto gobierno con sus pactos con políticos regionales de ética melcochuda, dedicados a la salvación personal.
El estudio de la MOE confirma la tragedia: tres de los senadores más votados en los 80 municipios que se han quebrado desde 2001 son: Álvaro García Romero, insigne parapolítico del círculo cercano de los dos pasados presidentes, condenado a organizar elecciones tras la rejas; Juan Manuel López Cabrales, consentido del liberalismo, condenado a ser elegido en el cuerpo ajeno de su mujer, y Dilian Francisca Toro, niña de los ojos de éste y del anterior gobierno, apenas con investigación preliminar por parapolítica, pero con denuncias en su contra de grueso calibre.
Santos no parece ser la excepción a esta larga y perversa tradición colombiana. La prueba es que en medio de sus anuncios de buen gobierno, una camarilla en la que están Toro y otros paladines regionales, aliados o emparentados con parapolíticos y caciques contratistas del Estado, se siente tan a gusto con su gobierno que ya está promoviendo su reelección.