Está bien que Petro se defienda con patas y manos ante una decisión, a todas luces desmesurada, dictada por un funcionario de ideología sesgada y ética coja.
Está bien que convoque a la ciudadanía e intente todos los caminos legales posibles —desde una mejor argumentación ante el propio procurador, una tutela ante la Corte y un amparo ante un juez, hasta un posible último recurso ante la Corte Internacional de Derechos Humanos por la violación de los pactos firmados por Colombia de respeto por los derechos políticos y sociales—, pues está defendiendo sus derechos, y también un proyecto político que ha considerado justo acabar con concesiones privadas que, a su juicio, estaban ganando demasiado con la prestación del servicio de basuras.
Suena razonable argumentar que por eso no se le puede acusar a un gobernante de estar violando la libre competencia, como lo sostuvo el procurador en su fallo. Si eso fuera norma, entonces ni Char hubiera podido cancelar el jugoso contrato de cobro de impuestos que tenía una firma privada en Barranquilla, ni Peñalosa hubiera podido meter una empresa pública como Transmilenio a reemplazar a la jauría de buses y busetas en la guerra del centavo en la Avenida Caracas.
Miles de colombianos lo acompañan en su reclamo, que también es un reclamo democrático que exige, cada vez con mayor contundencia, un país que tolere las diferencias, que le dé espacio a una nueva política, que les dé poder real a mayorías marginadas en las ciudades y en el campo. Muchos defienden a Petro en esta causa, así no les parezca que él sea un buen alcalde, ni coincidan con su estilo pendenciero de gobierno.
No obstante, como aconsejado por el propio procurador, Petro parece no estar apreciando la delicada coyuntura histórica que vivimos. En medio de una difícil negociación de paz con las guerrillas, mientras los amigos de la guerra acechan, se requiere actuar con doble cautela, para no abrirle el espacio al sabotaje. Convocar a manifestaciones masivas y movilizaciones permanentes invocando la rabia por las injusticias del pasado, eleva el riesgo de violencia, así de labios para afuera se hable de “ser de la generación de la paz y de la alegría”.
Tampoco contribuye a imaginar un posible buen gobierno de políticos progresistas, un alcalde de izquierda con los días de gobierno contados, que en lugar de preocuparse por salir a calmar a los financistas ante quienes se tramitan críticos empréstitos para el desarrollo de la ciudad, pide licencia para irse a abogar por su salvación personal ante los estrados judiciales internacionales.
Menos aún brinda confianza en la responsabilidad de los gobernantes de izquierda, poner a medio gabinete a organizar las protestas, en lugar de incentivarlo a trabajar a toda marcha para que en los días que queden, sean muchos o pocos, se alcance a avanzar en el modelo alternativo de ciudad que con tanto ahínco defiende. Si la Bogotá que quieren construir es tan Humana, entonces su líder debería estar convencido de que cada día que tengan el poder hace la diferencia.
Un alcalde consciente de su enorme responsabilidad con Bogotá, sobre todo uno que siente que es la esperanza para los más desvalidos, estaría más centrado en estos días en asegurar la continuidad del proyecto de ciudad que tiene en mente organizando un equipo sólido y buscando un líder alternativo capaz, que en estudiar los vericuetos legales por donde puede salvar su pellejo político.
Los grandes hombres están dispuestos a sacrificar su poder, si sus ideas se salvan. A los pequeños les sucede al revés. Petro tiene ahora la oportunidad de demostrar el tamaño de su liderazgo.