SEGÚN UN INFORME DE ESTE DIARIO publicado esta semana, el gobierno de Samuel Moreno ha tirado plata a gusto, como si no se diera cuenta alguna de que no es suya, ni de su familia, ni de sus compinches.
La pagamos todos los bogotanos con nuestros impuestos, el predial, el de industria y comercio, el de rodamiento, el IVA, las valorizaciones y cuanta estampilla se les ocurre cobrarnos sin que podamos chistar.
Botó a la caneca 10.000 millones de pesos del diseño de una troncal de Transmilenio por la séptima que ya había hecho Garzón. Y se demoró casi cuatro años más para sacar su versión light, que si llega a funcionar tan mal como han augurado desde todos los sectores, acabará por deteriorar un activo tan valorado por los bogotanos como Transmilenio.
Contrató un estudio al consorcio encabezado por la firma española Sener para que hiciera el prediseño del metro que dice la administración que costó 19.500 millones, pero que en realidad costó más de 23.000 millones de pesos, una suma exagerada para este tipo de informe. Y encima no sirvió de base para diseñar el metro: ni dijo cuánto costaría esta megaobra, ni presentó nueva información sobre la demanda real de viajes en la ciudad. Van 33.000 millones al viento.
La Contraloría valoró en 300.000 millones de pesos los sobrecostos de la Fase III de Transmilenio. Salieron en gran parte del incumplimiento en la obra de la calle 26 del clan Nule. De los dineros que les dio el Distrito como anticipo de obra, según la revista Semana, giraron por lo menos 11 mil millones para cubrir la gasolina de su jet, la administración de su condominio y hasta los seguros de sus carros. Van 330.000 millones que no vimos.
Si los otros 20.000 millones que nos costaron a los bogotanos los cuatro días de paro de buses hubieran terminado en un acuerdo beneficioso para la ciudad, pues bien habría valido la pena asumirlos. Pero no fue así. Los poderosos transportistas le doblaron la voluntad a nuestro simpaticón alcalde para asegurarse un dineral por los próximos veinte años. Van 350.000 millones perdidos.
Podrían sumarse muchos otros desperdicios, pero aun dejando la suma de vergüenzas en 350.000 millones, la dificultad radica en que como ningún bogotano normal (salvo que se apellide Moralesrussi) ha visto esa cantidad de dinero junta, es siquiera capaz de imaginarla. Y lo que no se puede concebir, no duele.
Aterrizada, sin embargo, esta cifra de 350.000 millones es más o menos el equivalente a lo que invirtió el programa del gobierno de Lucho en “Bogotá sin Hambre” entre 2004 y 2007. Este programa llegó a servir a más de 667 mil habitantes pobres de la ciudad: alimentó miles de niños desnutridos, de ancianos desvalidos, de madres lactantes en la miseria y de habitantes de la calle.
El buen Samuelito podría haber duplicado “Bogotá sin Hambre” con el dinero que tiró sin pena ni gloria. Al contrario, le redujo el presupuesto y, según denuncia el concejal Antonio Sanguino, hay comunidades que pasan hasta un mes con su comedor cerrado. Varias microempresas que habían montado los mismos beneficiarios para atender el programa han sido reemplazadas por contratistas amigos del hermano del alcalde.
Propongo dos acciones para resarcirnos del dinero que descaradamente les usurparon a los bogotanos más pobres. Una, pedirle al negociante alcalde que nos devuelva los 175 mil pesos que en promedio nos costó a cada hogar bogotano su despilfarro. La segunda, nunca más volver a votar por él, ni por su hermano, ni por uno que se les parezca.