En los últimos días Verdad Abierta y el nuevo medio digital Vorágine han investigado casos de personas inocentes que resultaron muertas por el Ejército.
Verdad Abierta está documentando el caso de Ferlein Pérez Monroy, de 45 años, líder veredal de El Paujil, Caquetá, quien ayudaba a 27 familias desplazadas por las Farc a recuperar su tierra. Fue atacado y muerto por soldados en el carro donde iba viajando de regreso de su trabajo en el campo, el 6 de noviembre de 2017. Un diario local dijo que era un presunto disidente caído en combate. El Ejército dijo este año a VA que sabía que ese “Ferney Pérez” recogía pasta de coca por la zona, que los soldados intentaron capturarlo, pero les dispararon y respondieron en defensa propia.
Pero la víctima se llamaba Ferlein, y no Ferney. Ni siquiera se parecían. La comunidad envió un escrito diciendo que no hubo combate, solo las dos balas que dispararon los militares contra Ferlein, subrayando con vehemencia que era un buen hombre.
Vorágine contó que el 27 de junio de 2020 Salvador Jaime Durán, de 27 años, fue muerto por unos soldados a la vera de un camino en Teorama, Norte de Santander. Pronto tuitearon que se trataba de alias Perica, del Eln, que lo reconocían por el copete. Detrás vinieron Caracol y Blu, confirmando que el caído era eleno. La senadora Paola Holguín cobró “la baja en combate”. El comandante militar dijo que los soldados habían sido atacados.
Pero Perica salió con su copete en un video del Eln a anunciar que estaba vivo y libre. La comunidad quiso rescatar el buen nombre de Salvador: era un joven sano, trabajador, que iba a ser padre.
La desinformación solía ser el modo de operar instintivo del Ejército. Y por años, pocos valientes lo cuestionaron. Nadie critica a las fuerzas propias en medio de la batalla. Sin embargo, en la última década, a partir de las investigaciones por las ejecuciones extrajudiciales y los procesos de paz y de justicia transicional, comenzó a emerger un liderazgo militar distinto. Uno que buscaba construir una cultura desprendida por fin (un cuarto de siglo tarde) de la misión heredada de la Guerra Fría de ver subversivos donde no los hay y concentrada en atender los grandes desafíos de seguridad que aún enfrentamos.
Para ello diseñaron normas para minimizar el daño colateral a civiles: protocolos y funciones de vigilancia de los operativos para evitar el uso desmedido de la fuerza o acciones no planeadas ni autorizadas.
Aun así, en el caso de José Adalberto Torijano, líder social de Corinto, Cauca, de 44 años, muerto en septiembre de 2017 por ráfagas de fusil disparadas por militares contra un grupo de campesinos que protestaban con palos y piedras, el Ejército archivó la investigación disciplinaria, según le respondió oficialmente esta entidad a Verdad Abierta.
No iba a ser una transformación fácil, pero con estas normas de buen uso de la fuerza y líderes centrados en la protección de la población se vislumbraban unas Fuerzas Militares más transparentes y con anticuerpos robustos para detectar arbitrariedad o corrupción.
Pero como reveló Semana este año, apenas llegó el nuevo Gobierno, con una miopía digna de Ripley, desmontó el equipo de contrainteligencia que estaba librando a la institución de manzanas podridas enquistadas, revivió los liderazgos más cavernarios y usó los equipos de inteligencia donados para espiar a periodistas y políticos de la oposición.
Entonces volvimos a “lo mismo que antes”, al decir del humorista Jaime Garzón, con la diferencia de que ya no hay guerra política con la cual escudar mentiras y la gente puede hacerse oír, aun si los grandes medios no siempre la escuchen.