Esta semana el procurador Alejandro Ordóñez le advierte al presidente que no viole la Ley de Garantías para restringir el uso de bienes del Estado en la campaña política; aconseja a la fiscal de la Corte Penal Internacional intervenir en el proceso de paz para que el Gobierno no pacte en La Habana la impunidad de los jefes guerrilleros; tiene en vilo a la administración de Bogotá mientras él resuelve si destituye o no al alcalde Gustavo Petro; y, entre otras cosas, pues esto es sólo una muestra, propone que la Sala Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura no sea juez y parte en los procesos contra abogados y funcionarios de la Rama Judicial.
Parece que el procurador, para hacer honor a la tradición de su familia, que en 1937 fundó la célebre galletería La Aurora de Bucaramanga, hoy quiere ser el hombre de las galletas, con una lista de exigencias éticas destinadas a salvar de la crisis de valores al Estado. Pero su autoridad se desmorona cuando vemos que él es el primero en pasarse por la galleta esas mismas exigencias.
Se erige en pulcro juez que impedirá el fraude en las elecciones, cuando su ejemplo ha sido absolver a una decena de congresistas políticamente afines, condenados por la Corte Suprema de Justicia por hacer trampa en los comicios, consiguiendo votos o respaldos políticos con el fusil de los paramilitares. Así, por ejemplo, evaluó las pruebas contra el senador Ciro Ramírez y le dio su bendición. Al parecer se perdió de las cientos de horas de grabación realizadas por agencias de inteligencia nacionales y extranjeras a narcos de varios continentes en las que mencionaron sus tratos con el senador, como lo denunció Semana. La Corte Suprema de Justicia, sin embargo, sí las escuchó y condenó a Ramírez por concierto para delinquir. Por encima de todo, monseñor procurador, ¡la defensa del Partido Conservador! (así haya decaído de los tiempos de Caro y Ospina, a los tiempos de Ciro y Suárez Mira).
Pide que la CPI intervenga para evitar, algo que preocupa al país, que los jefes de las Farc responsables de delitos de lesa humanidad queden sin castigo cuando se firme la paz. Pero su compromiso con las víctimas queda en veremos, cuando él mismo le pidió a la justicia que librara de culpa a los coroneles retirados Alfonso Plazas Vega, condenado por 11 desapariciones forzadas, y Hernán Mejía, también condenado por cobrar positivos falsamente y colaborar con Jorge 40 y sus secuaces en la siembra del terror paramilitar en Cesar. ¡Por encima de todo, monseñor procurador, está la defensa de los humanos derechos! (los izquierdos son otra cosa).
Su propuesta de garantizarles un juicio justo a fiscales y abogados en el Consejo Superior de la Judicatura para que un mismo magistrado no sea juez y parte suena impecable, hasta que él mismo investiga y condena a funcionarios elegidos por el voto popular a diestra y siniestra (perdón, sólo a siniestra), sin que tengan más recurso que un larguísimo pleito ante el Contencioso que puede durar más que la inhabilidad impuesta.
Es un Savonarola al revés nuestro augusto procurador. Aquel radical dominico del siglo XV se fue a la hoguera intentando depurar el poder de sus abusos. Pero es el abuso de su poder el que puede tumbar al fanático Ordóñez. Por ahora el Consejo de Estado está evaluando si el vigilante de la ética pública puede hacerse reelegir, cuando les ha nombrado parientes a tres magistrados que lo avalaron. ¡Por encima de todo, monseñor procurador, está el poder (así toque repartir unos puesticos e intercambiar unos favores).