A los problemas que viene so-portando la doble calzada Buga-Loboguerrero-Buenaventura y que han retrasado la obra de manera imperdonable e incorregible, hay que sumarles una traba adicional.
Se trata de los “asentamientos nativos” —por llamarlos de alguna manera— que se han ubicado al borde de las carretera y con los que ha sido imposible negociar. Lo peor del caso es que tales asentamientos de comunidades de distintas etnias se han “montado” en los últimos años —antes no existían—, aprovechando, cómo no, el trazado de la carretera.
Y es que si tan sólo fuera negociar, lo cual de por sí ya es el colmo, pues vaya y venga. Pero no: sucede que se han conseguido el padrinazgo del Ministerio del Interior para blindarse ante un desalojo y para, de paso, exigir, además de la indemnización pecuniaria, soluciones de vivienda, salud, educación, etc.
A todas luces se trata de un montaje y un chantaje al Estado y más concretamente al Ministerio de Transporte, en cuya cabeza está la responsabilidad de esta obra.
El haber aprovechado el paso de la vía para instalar los cambuches —hoy ya con fachadas, pisos y techos— es de por sí un proceder oportunista que debería tener una sanción más que justa. Y ahora, aposentarse atornillados en las orillas de la vía para impedir la construcción y pavimentación de la carretera si no se cumple con las exigencias exorbitantes, es aprovecharse de la urgencia de concluir la vía a cambio —repito— de prebendas multimillonarias y con la bendición del mismo Estado.
Se plantea entonces un enfrentamiento entre dos ministerios que no deja bien parado a ninguno de los dos. ¿Acaso no existen consejos de ministros en donde se deberían tratar estos asuntos? ¿Acaso no hay —o debería haber— comunicación entre las dos carteras? ¿Acaso no hay un colegaje entre Cardona Gutiérrez y Vargas Lleras o, en su defecto, claras y precisas instrucciones y órdenes del jefe de arriba?
El Estado vs. el Estado: algo inconcebible en un Gobierno que se proclama de la unidad nacional.