La injusticia que está cometiendo el Gobierno central con su principal puerto es una cuenta de cobro que más temprano que tarde va a ser cobrada.
Buenaventura sigue padeciendo el maltrato, la indiferencia y la burla de quienes la explotan, y a cambio es muy poco lo que le retornan.
El puerto le aportó el año pasado $4,2 billones a la nación a través de su zona aduanera. Esta cifra es superiorísima a la que aportan Bogotá, Cartagena, Barranquilla y Santa Marta, ciudades que reciben el oro y el moro y en las que se palpa la inversión del Estado, que vive pendiente de ellas.
En cambio, el llamado bello puerto del mar, en intercambio de esos $4,2 billones, tan sólo recibe el 3%, en un proceder inequitativo y miserable. ¿Cómo se atreve el gobierno capitalino a hacer la payasada de ir allá y prometer lo que jamás va a cumplir?
Paradójico lo que sucede con Buenaventura: Mientras que por un lado hay inversiones cuantiosas en materia portuaria para mejorar su competitividad y beneficiar con ello a Colombia entera, por el otro lado, el desempleo, la inseguridad y los problemas de salud, vivienda y educación la han convertido en una bomba de tiempo que puede estallar en cualquier momento.
Sin embargo, nada se hace a pesar de que ya es urgente e inaplazable una solución de fondo, en la que sector público, sector privado y Gobierno central tracen una estrategia a largo plazo ajena a la politiquería, la corrupción y los intereses particulares, antes de que sea tarde.
Y a propósito: ¿Qué pasó con la Alta Consejería que se había definido para la región pacífica? Un excelente funcionario que estaba tratando de hacer esa tarea fue promovido a Planeación Nacional, dejando un gran vacío que ojalá sea atendido.
El tiempo apremia y si no se elabora un macroplan para Buenaventura, el TLC será un fracaso y, más y peor aún, sus habitantes van a estallar en una revuelta social de incalculables resultados.