Vuelvo con el tema y no me cansaré.
El entierro de pobre que pretenden darle al tren que va a Buenaventura debería merecer más atención por parte de las mal llamadas fuerzas vivas y por los gobiernos departamental y nacional.
La empresa Ferrocarril del Pacífico se está burlando olímpicamente del país entero, y en especial del Valle del Cauca y de un puerto que no resiste una vicisitud más: lo que gana por un lado lo pierde por el otro, como, por ejemplo, está ganando con la doble calzada, pero está perdiendo con el tren que dejó de circular.
O la empresa operadora retoma el contrato y se arreglan las diferencias que originaron su paralización o se consigue un nuevo operador que garantice la reanudación del servicio. El camino es culebrero, pero es imperativo encontrarle un remedio distinto a cruzarnos de brazos y esperar el resultado de una demanda que tardará años en resolverse, sin contar con la contrademanda que se vendrá encima y que durará otro tanto o más, amén de las apelaciones y la contraapelaciones.
Empero, es pertinente preguntar: ¿a quiénes les conviene que se pare el tren? Porque debe haber una fuerza muy grande, oscura además, empeñada en que no exista un ferrocarril funcionando y que, como está demostrado, resulta más eficiente y económico.
Y la respuesta no puede ser otra que al gremio camionero, que desea seguir manipulando el transporte de carga a su antojo, imponiendo sus condiciones, saboteando y chantajeando al Estado con sus exigencias.
Ellos saben que frente a esta alternativa se les acabaría el monopolio, la competencia los haría ser más razonables y menos prepotentes y, de existir el plan B del tren, de seguro el paro no se habría dado.
Pero como las cosas no son así, estamos maniatados y va a tocar negociar a la brava y con el revólver en la sien. Vivimos en un país en el que triunfa la ley de unos pocos por encima de la conveniencia de las mayorías. Aquí no es el que tenga la razón sino el que joda más.