El partido jugado en Cali anoche entre los equipos América y Cali debió jugarse a puerta cerrada, en un claro ejemplo de la intolerancia y la polarización en que estamos en Colombia.
Estos dos males que aquejan a nuestra sociedad son el termómetro de una comunidad enferma al borde de una crisis institucional que puede ir más allá de las pataletas y el vandalismo de una hinchada furibunda dispuesta a destrozar lo que sea y cuyo manejo se salió del control de las autoridades deportivas y judiciales.
Eso de tener que ver el fútbol por televisión teniendo un estadio que costó miles de millones de pesos, con un candado en la puerta, es un síntoma inequívoco de las enfermedades mentales que se colectivizan llegando a extremos tales que para controlarlas se debe además decretar la ley seca e incluso el toque de queda.
Al momento de escribir esta nota reina a los alrededores del Estadio Olímpico Pascual Guerrero una calma chicha: televisores gigantes en los distintos estaderos, fuerza pública desplegada profusamente, alerta roja en materia de orden público, helicóptero sobrevolando el lugar, el barrio San Fernando totalmente paniqueado, los hospitales y las clínicas atentos a recibir heridos y contusos, son un panorama triste y vergonzoso que se puede repetir en otros estadios de nuestro país.
Correcta entonces la decisión tomada por el burgomaestre caleño de no ceder ante las presiones y amenazas de abrir el estadio para presenciar el encuentro so pena de… determinación que, más que preventiva, es un “tatequieto” para esas barras bravas que están poniendo en vilo un espectáculo que se tornó peligroso y atentatorio contra la hinchada y contra los ciudadanos del común, que han decidido resguardarse en sus casas para evitar hasta las balas perdidas producto de la histeria colectiva.
A pesar de que hay dos teorías —una, de tratar el tema por las buenas y la otra, aplicar la mano dura—, la peste continúa creciendo día tras día sin solución a la vista.
¿Será que no podemos meterle un gol a esta violencia?